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El Gobierno de Canarias mantiene “abierto” el diálogo con el Estado y Gran Canaria sobre la nueva Ley Turística

   

EUROPA PRESS | Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha asegurado que mantiene “abierto” el diálogo con el Estado y el Cabildo de Gran Canaria sobre la nueva Ley Turística, aunque ha recordado que la renovación de la planta alojativa y la calidad son “objetivos irrenunciables”

De esta manera, el Ejecutivo insistió en que la renovación de la planta obsoleta es la primera necesidad de las islas para poder competir en el mercado turístico. “Es con ese objetivo con el que impulsó la Ley de Renovación y Modernización Turística, que está en vigor desde hace algo más de siete meses”, recordó la Administración en una nota de prensa.

Agregó que se trata de una Ley que impide el consumo de suelo nuevo, si no se va a aportar más calidad al destino, por lo que vincula las construcciones en esos espacios a alojamientos de muy alta calidad.

Aquí, al condicionante de que se deban obtener plazas a través de la rehabilitación, para conseguir las autorizaciones previas, se puso la única excepción de los establecimientos de más de cinco estrellas.

“Es decir –continuó el Gobierno regional–, que los establecimientos de categoría inferior también pueden construirse en nuevos suelos clasificados como turísticos, pero siempre que se obtenga el derecho a construirlos por haber rehabilitado otros establecimientos obsoletos”.

Gran Canaria insiste en “suavizar” los requisitos
Por su parte, es en este marco en el que el Cabildo de Gran Canaria insiste en suavizar los requisitos para permitir excepciones en la obtención de las autorizaciones previas.

Mientras, el Gobierno ha expresado su voluntad de continuar con un proceso de diálogo, en aras de conseguir un acercamiento, “siempre que no se comprometa el objetivo irrenunciable de la Ley, de lograr la mayor eficacia en los procesos de renovación, mejora de la calidad, excelencia y ecoeficiencia emprendidos”.

Finalmente, para el Ejecutivo, la reunión de este jueves entre los presidentes canario y grancanario, Paulino Rivero y José Miguel Bravo de Laguna, supone un paso en la búsqueda de mayor consenso sobre el texto normativo.