El Gobierno de Canarias no parará la modificación de la Ley de Vivienda y pide al Estado que no la recurra

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

La consejera de Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo “seguirá adelante” con la modificación de la Ley de Vivienda de Canarias tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno central a la normativa andaluza.

Esta nueva regulación hace especial hincapié en la urgencia de incluir en el mercado el amplio parque de vivienda desocupada y que está en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias para lo que, en primer lugar, contempla la creación de un Registro de Viviendas Desocupadas.

“Lo más importante es que con esta normativa activaremos el mecanismo que nos permitirá conocer el número real de viviendas vacías con el objetivo de instar a sus propietarios a que las movilicen en alquileres económicos”, ha apuntado.

En su opinión, “esta ley surge porque los gobiernos están para proteger el interés general y por tanto a las familias sin recursos, con niños y niñas a cargo y en riesgo de exclusión, amenazadas por desahucios, y que conviven con un creciente número de viviendas desocupadas, en propiedad de las entidades financieras principalmente”.

Rojas ha asegurado que hay que actuar con “contundencia” para impedir que por situaciones económicas adversas sobrevenidas, “las familias se vean aún más desprotegidas”, por lo que ha pedido al Estado que no recurra esta modificación cuando sea aprobada por el Parlamento canario y “entienda” la función social de la vivienda.

La modificación asigna también la competencia expropiatoria temporal y por un máximo de tres años al Gobierno de Canarias para aquellas viviendas propiedad de las entidades financieras y que estén desocupadas, y se justifica en que la competencia en materia de vivienda es de la comunidad autónoma.

Rojas ha defendido la expropiación temporal ya que es “una medida rápida y efectiva para darle una respuesta a las familias”, y ha remarcado que en todo caso “no sería plena”, sólo por tres años y ante situaciones de emergencia social, y en “ningún caso” afecta al derecho de propiedad sino al derecho de usufructo.

En este sentido, la Ley se limita a establecer el supuesto expropiatorio y para ello se remite a la normativa estatal establecida en la Ley de Expropiación Forzosa, en cuanto al procedimiento y determinación del justiprecio, sin obviar la legislación básica en esta materia.

“En este escenario de crisis económica el Gobierno pretende regular no solo la vivienda protegida como lo venía haciendo hasta la fecha, sino también la libre para garantizar una vivienda digna a las familias con más dificultades económicas”, ha señalado.

Personas en riesgo de exclusión
A su juicio, “Canarias ya contaba con una Ley y ahora la modificamos para proteger a las personas en riesgo de exclusión pues el objetivo es mejorar la definición de la función social de la propiedad de la vivienda y adoptar medidas que permitan controlar el número real de viviendas vacías y desarrollar actuaciones que favorezcan su ocupación efectiva”.

La modificación de la Ley ha sido sometida a información pública, al trámite de audiencia a los cabildos, ayuntamientos y demás entidades sociales interesadas en el procedimiento de aprobación.

También cuenta con el dictamen del Consultivo, del Consejo Económico y Social de Canarias y con todos los informes de los diferentes departamentos precisos, y proseguirá su tramitación en el Parlamento de Canarias.