EUROPA PRESS | Las Palmas de Gran Canaria
El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha señalado este jueves que la voluntad del Ejecutivo autonómico es la de mantener la modificación en la de normativa de la vivienda para los desahucios.
Así lo ha indicado Marrero en relación a la información que ha aparecido sobre la suspensión cautelar que ha realizado el Tribunal Constitucional de la normativa andaluza sobre las medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno central.
“La voluntad es mantener en los términos de la modificación de esa ley tal cual se aprobaron ya en consejo de gobierno y que dependen del trámite parlamentario. En una situación extraordinaria que se está viviendo de desahucios, de familias que por causa sobrevenidas no han podido atender el pago de sus hipotecas, hay que atenderlas con medidas extraordinarias”, resaltó Marrero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Agregó, la expropiación del uso de esas viviendas a las familias que vayan a ser desahuciadas y, como última medida, lo que “se pretende es que los bancos renegocien un alquiler social, sino hubiera acuerdo se establecería un justiprecio para que pudieran seguir y no se vieran literalmente en la calle”.
De todos modos, puntualizó que en cuanto al argumento jurídico, según los servicios jurídicos del Gobierno canario, Andalucía ha tramitado esta modificación mediante un decreto ley, mientras que en el caso de Canarias es a través de una ley, lo que “según quienes entienden pueden resultar sustancial a la hora de atender a la constitucionalidad de la norma”.