El Gobierno canario no quitará los servicios sociales a ayuntamientos
Hernández Spínola, junto a la consejera de Asuntos Sociales, Inés Rojas, en un pleno parlamentario. / J. GANIVET
VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
Todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que suponen la gran mayoría de los municipios canarios, tendrán que renunciar a prestar los servicios sociales para que asuma esta competencia el Gobierno regional. Eso deberá ocurrir a fines de 2015, según establece la nueva Ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, impulsada por el Ejecutivo central del PP. La medida ha generado gran preocupación en los alcaldes, al entender que el Gobierno autonómico no tendrá capacidad para asumir estas funciones.
Sin embargo, el consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo regional, Francisco Hernández Spínola, en declaraciones a este periódico, ha anunciado que el Gobierno de Canarias tomará las medidas precisas para que todos los ayuntamientos sigan gestionando los servicios sociales, ya que, desde su punto de vista, resulta un “disparate y un importante error desapoderarles de esta competencia”.
Por ello, la intención del Ejecutivo regional es, una vez asumida por imperativo legal esa competencia, delegarla en favor de los municipios, incluso mediante una ley aprobada por el Parlamento regional atribuyéndosela a los ayuntamientos. “No vamos a quedarnos con los brazos cruzados, sino a adoptar las medidas necesarias, porque lo mejor para la sociedad es que los servicios sociales sigan siendo prestados por la Administración más cercana a los ciudadanos”.
El problema que deberá resolverse será cómo será su financiación, pues el objetivo clave de la nueva ley es garantizar el equilibrio financiero de las Administraciones Locales y el control de su gasto. En este sentido, Hernández Spínola incide en que “la financiación de estos servicios tendrá que ser objeto de una negociación con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), de modo que busquemos una fórmula que permita determinar el coste efectivo del servicio”.
En cualquier caso, el consejero opina que “aún hay tiempo” para este proceso negociador, que debería estar listo antes del 31 de diciembre de 2015. De ahí que no quiera entrar en más pormenores, aunque sí enfatiza que “hay una voluntad política decidida de buscar fórmulas jurídicas” para que estas prestaciones sociales queden en los ayuntamientos, como hasta ahora.
“El Gobierno canario puede asegurar con los municipios fórmulas de prestación de este servicio público de manera eficiente y eficaz, desde el diálogo con la Fecam”, insistió el responsable del área de Presidencia. En su línea crítica contra la reforma legislativa promovida por el Gobierno de Rajoy, Hernández Spínola la juzgó de “un retroceso muy importante para la autonomía de los municipios, perjudicando además a los ciudadanos al empeorar la prestación de servicios públicos”. La normativa, en vigor desde el pasado lunes, también deja en manos de los gobiernos autonómicos competencias relacionadas con Educación hasta ahora municipales , entre ellas vigilar la escolaridad obligatoria, y el mantenimiento de centros de Infantil, Primaria y Educación Especial.
La regidora municipal, Elena Luis. / MOISÉS PÉREZ
“El 69% de los municipios está afectado”
La alcaldesa de La Guancha y vicepresidenta de la Fecam, Elena Luis, advierte de que la incertidumbre sobre los servicios sociales y otras competencias afecta al 69% de los ayuntamientos canarios, que son los que tienen menos de 20.000 habitantes. En el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, esta cifra es aún mayor, el 75,9%.
La regidora guanchera tiene claro que “el Gobierno canario no va a poder asumir el cien por cien del coste de los servicios sociales que ahora prestan los ayuntamientos”. “Y si quisiera delegarlos a las corporaciones municipales, en principio la ley dice que debe ser con el cien por cien de la financiación asegurada”, abunda Elena Luis, quien además recuerda que estamos hablando de “ unas prestaciones más importantes que nunca por los momentos de crisis económica tan delicados que vivimos”.
La realidad es que, según llama la atención la alcaldesa norteña, “los ayuntamientos no saben qué va a pasar, qué hará el Gobierno canario; vamos a valorar la ley porque acaba de entrar en vigor y ha sufrido cambios con respecto a su redacción inicial”.
También causa inquietud en los alcaldes lo que ocurra con otros tipo de competencias que también prestan los ayuntamientos, como ludotecas, escuelas deportivas e infantiles, centros de mayores, mercados, casas de artesanía y centros culturales, en cuyo caso, según la mandataria de La Guancha, “si no se paga a los proveedores en un plazo, hay que cerrarlos, y luego se requeriría autorización del Ministerio para poder prestarlas de nuevo”.
Además, avisó de que la ley también puede crear problemas a los ayuntamientos grandes, si incumplen la estabilidad financiera.
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