El Gobierno canario solicita por urgencia dictamen del Consultivo sobre la modificación de la Ley de PCI

EUROPA PRESS | Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha acordado hoy en Consejo de Gobierno solicitar, por tramitación de urgencia, el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el anteproyecto de Ley que modifica la actual Ley que regula la Prestación Canaria de Inserción.

La iniciativa legislativa, en el marco de la Estrategia Canaria frente a la Pobreza, la Exclusión Social y a favor del desarrollo humano 2013-2015, proyecta la necesidad de una modificación de la Ley de Prestación Canaria de Inserción, habida cuenta de la actual situación económica y social, que obliga a replantear el perfil de las personas amparadas y protegidas por esta prestación.

El Gobierno de Canarias impulsa la modificación de la ley y su reglamento de desarrollo en tres aspectos esenciales: en primer lugar, se amplia el ámbito de cobertura de la Ley al modificar las condiciones de acceso en relación al tiempo de residencia que pasa de tres años a un año, así como el periodo que se computa como ausencia de renta, que se reduce de un año a tres meses.

Por otro lado, se aumenta el nivel de protección de las familias con miembros beneficiarios de prestaciones económicas del sistema de dependencia, al exonerar las mismas del cómputo de rentas y, en consecuencia, del cálculo del importe de la prestación económica.

Otro aspecto esencial que se aborda es la búsqueda de la simplificación administrativa. Se aclara el carácter subsidiario y complementario de la prestación económica respecto de otras prestaciones públicas, se contempla expresamente la obligación de las Administraciones Públicas de incorporar de oficio en el expediente todos aquellos datos del interesado que estén en su poder o que puedan ser obtenidos por medios telemáticos.

Por último, se propone un nuevo cálculo para las cuantías de la ayuda económica básica amparado en el hecho de ofrecer una mayor protección a aquellas familias con hijos menores a su cargo, al tiempo que se modifica el periodo de cobro de la prestación económica, estableciéndose un máximo de 12 meses permitiendo que se pueda solicitar una nueva prestación pasado otros 12 meses.

El anteproyecto de Ley ha sido sometido a información pública y al trámite de audiencia a los cabildos insulares, ayuntamientos canarios y demás entidades sociales interesadas en el procedimiento conducente a la aprobación del citado anteproyecto de ley de modificación.

Considerando que la urgencia para la emisión del dictamen interesado se fundamenta en la necesidad de acelerar la tramitación del anteproyecto de ley y obtener a la mayor brevedad su aprobación como proyecto de ley del Gobierno de Canarias, dada las situaciones de necesidad social planteadas y considerando que las medidas que aminoren las consecuencias de la exclusión social de los más desfavorecidos constituyen una prioridad dentro de los fines generales del interés público de la administración pública de la Comunidad Autónoma, que debe satisfacerse con la mayor prontitud.

Por todo ello, el Gobierno aprueba solicitar, por la vía de urgencia, al Consejo Consultivo de Canarias el preceptivo dictamen sobre el anteproyecto de Ley.