En ningún caso se comprende que quienes entienden que, desde el primer momento de la concepción existe una nueva vida que hay que proteger por encima de todo, apoyen una ley de supuestos que permite el aborto en caso de malformaciones, violación o riesgo para la madre de sufrir trastornos psicológicos graves.
Porque, en su convicción, ninguno de estos supuestos anula la idea de que se está asesinando a un no nacido. ¿Cuál es la culpa, por ejemplo, del nasciturus producto de una violación? ¿Por qué, según ellos, sí puede asesinarse a este inocente? El tercer supuesto, el de riesgo de daño psicológico grave para la madre, añade a la incoherencia de los anteriores el de abrir una incuestionable vía-coladero para aquellas mujeres con suficiente dosis de influencia ante los psiquiatras encargados de determinar. En definitiva, el problema no es tanto de incoherencia como de clara y manifiesta hipocresía.
El ministro Gallardón, con el apoyo necesario del presidente del Gobierno, suponiendo, sin duda, que esta ley pueda acercarles las voluntades y, consiguientemente, los votos, del sector más reaccionario de su electorado, el que acepta con hipocresía que en unos casos si y en otros no, han apostado por una ley que, no solo está produciendo un serio quebranto dentro de su propio partido, sino que les puede hacer perder el voto de miles y miles de ciudadanos, sobre todo ciudadanas, incapaces de compartir unas normas que nos retrotraen al siglo pasado. Ni siquiera van a valerles los tan cacareados éxitos económicos.
Se entiende, por mucho que no se comparta, que Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, y quienes piensan como el, propugnen una ley que, como en Irlanda, niegue cualquier supuesto para abortar. Lo que no se entiende es que, a la vez, acepten la ley propuesta por el Partido Popular como una especie de mal menor y se sientan, en alguna medida, reconfortados por ella, aduciendo que algo es algo. Porque, haciéndolo, pierden su coherencia y caen de bruces en la hipocresía. Y es que, con su consideración de mal menor, están facilitando una coartada a quienes en puridad deberían considerar asesinos. Así es la historia.
Lo cierto es que el ministro Gallardón, insistimos -con la colaboración necesaria del señor Rajoy- ha abierto una caja de Pandora de manera inoportuna, cuando la mayoría de la sociedad no lo demandaba. Y no basta la excusa de que la ley ya se apuntó con la presentación del recurso de inconstitucionalidad (cuyo veredicto, por cierto, no se ha esperado), ni que venía esbozada en su programa electoral. Porque, ni era la que ahora se nos muestra en el anteproyecto, ni, por supuesto, convierte en inexcusable su promulgación, habida cuenta de la cantidad de incumplimientos programáticos del Gobierno. Es, clara y llanamente, la imposición de una moral que, como tantas otras trágalas, va a volverse en contra de de quienes la están usando de manera electoral e hipócrita.