Una ley canaria atará los servicios sociales a los municipios en 2014

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno canario se ha comprometido con los cabildos y los ayuntamientos a que a lo largo de este año quedará perfilada la reforma legislativa que clarificará las competencias y financiación de cada nivel de administración, entre ellas las relativas a los servicios sociales, que se plasmará en una nueva ley canaria para este ámbito. De este modo los municipios mantendrán las prestaciones sociales, una vez su titularidad pase al Gobierno canario a fines de 2015 por la aplicación de la polémica Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Así lo informó ayer a este diario Manuel Ramón Plasencia, presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), al término de la reunión del Comité de Expertos para la Reforma de la Administración Local, creado por iniciativa del Gobierno canario, y que preside el catedrático de Economía de la Universidad de La Laguna José Luis Rivero Ceballos. Un encuentro en el que estuvieron presentes el jefe del Ejecutivo regional, Paulino Rivero; los consejeros de Presidencia y Economía y Hacienda, Francisco Hernández Spínola y Javier González Ortiz, junto a representantes de la Fecam y la federación de cabildos (Fecai).

Plasencia, que además es alcalde de Alajeró, indicó que la reforma de la ley estatal aprobada por el PP “atenta de forma muy agresiva contra la autonomía municipal con el espíritu de privatizar los servicios públicos al máximo, lo cual los encarecerá”.

Sin embargo, según el representante de la Fecam, en la reunión de ayer se ha fijado la meta de que “el 31 de diciembre de este año esté perfilada una ley canaria de servicios sociales y todas las demás medidas necesarias para reestructurar la administración pública, adaptándola a la nueva normativa estatal, pero aprovechando las fórmulas jurídicas y mecanismos legales que tiene el Gobierno canario para delegar o transferir las competencias a los municipios”.

Por su parte, Rivero Ceballos criticó por injustificada la nueva ley de régimen local y apuntó que el comité que preside, en el caso de los servicios sociales, ha recomendado una reorganización de competencias de modo que cada nivel de administración en Canarias tenga bien fijadas sus responsabilidades y financiación.