Ley de Renovación Turística – Por Juan Manuel Bethencourt

El debate sobre la Ley de Renovación Turística en Canarias ha entrado en la peor senda posible para las cuestiones serias de nuestra tierra: el pleito insular entre las dos islas mayores del Archipiélago. Es este un conflicto secular en el que siempre nos invade la tentación de culpar al otro del inicio de las hostilidades. Dicho esto, parece claro que en este caso concreto la responsabilidad del ruido ha nacido en Gran Canaria, donde la virulencia ha alcanzado niveles preocupantes, como se pudo comprobar anoche en el triste (por tendencioso) debate perpetrado por Televisión Española en Canarias. La teoría de la conspiración suele ser prueba obvia de pereza intelectual, y produce cierta lástima contemplar la deriva emprendida por un político de buena escuela como José Miguel Bravo de Laguna, actual presidente del Cabildo grancanario, un servidor público experimentado que ha sido muchas cosas en su vida, pero no un insularista recalcitrante. A su vera se ha alineado el sector empresarial de la isla vecina, aun con sus cuitas internas a tenor de los intereses particulares de esta o aquella cadena hotelera o promotor inmobiliario. Pero hay que delimitar las cosas: la Ley de Renovación Turística se fundamenta en objetivos sensatos, relacionados con la simbiosis entre oferta turística y uso eficiente del territorio. Obviamente, se trata de una norma intervencionista, pues de otro modo sería imposible abordar los objetivos que forman parte de su articulado. El PP grancanario, en realidad, debe decir la verdad y admitir que no está en contra de esta norma en concreto, sino de la moratoria turística que votó favorablemente en el Parlamento de Canarias hace una década. Este hecho, de paso, supondría renunciar a todo intento por regenerar una planta extrahotelera obsoleta y sin embargo muy bien ubicada, un minifundio residencial de muy complicada gestión, que afecta, y mucho, a la competitividad del destino. El Gobierno de Canarias, al parecer, muestra más interés por abordar este asunto, pero esa actitud propositiva, la de una Administración que no tira la toalla a la primera, no tiene nada que ver con la situación de la planta hotelera en una isla como Tenerife, donde la realidad es otra, porque se tomaron las decisiones oportunas en su justo momento. Hay que tener cuidado para no avivar el fuego del pleito, y más en asuntos como el turismo, en el que simplemente nos va la vida. Esto vale también para aquellos portavoces que, como el presidente de la patronal hotelera tinerfeña, pueden sentir la tentación de responder sistemáticamente a las insinuaciones del vecino. Se trata del peor camino posible. Las teorías de la conspiración deben decaer solas.

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