El nuevo Patronato de CajaCanarias nace sin que haya decidido el TSJC

La actual gestora de la fundación, en el anuncio de su constitución. / DA

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

La Fundación de la Obra Social de CajaCanarias tendrá nuevo Patronato sin que haya decidido sobre su futuro el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dado que en la actualidad se encuentra en manos de una gestora después de que el Gobierno autonómico la interviniese inesperadamente y sin aviso previo alegando que el anterior Patronato no había cumplido los requisitos necesarios para su constitución.

El nombramiento de este nuevo equipo rector se acelera considerablemente tras entrar en vigor la ley estatal 26/2013 de cajas de ahorros y fundaciones, que ha transformado el marco normativo para este tipo de entidades, y que llega después de nueve meses en los que la gestora actual no impulsó significativamente el asunto.

Sin embargo, ha sido a partir de la llegada de este año cuando se han aprobado los nuevos estatutos y se va a nombrar al nuevo Patronato, que nace incompleto, ya que solo se cubrirán ocho o nueve de las plazas previstas gracias a una disposición adicional de última hora a tal fin.

Con respecto a la norma estatal, apuntar que se la conoce en los cenáculos políticoeconómicos como ley Fainé (por Isidro Fainé), puesto que gracias a su promulgación el actual presidente del Consejo de Administración de Caixabank puede seguir también al frente de la fundación de La Caixa. Entró en vigor el pasado 29 de diciembre y afecta a la fundación tinerfeña, especialmente en que concede un plazo de tres meses para que estas entidades, resultantes del proceso de reestructuración del sector financiero, se transformen en fundaciones ordinarias o bancarias, ya que la categoría creada ad hoc para ellas desaparece.

Si bien la norma estatal no dispone expresamente que, llegado el 29 de marzo de este año sin lograr culminar el proceso, se entre en causa de disolución, sí que lo hace la norma autonómica sobre este tipo de entidades, que podría ser aplicable en el supuesto que nos ocupa.

Los especialistas jurídicos consultados por DIARIO DE AVISOS han señalado que dicho plazo fuerza la constitución del nuevo Patronato, al entender que una ulterior decisión judicial que restablezca el anterior Patronato simplemente retrotraería la situación hasta el momento de la intervención, solventando así el requisito de la nueva ley.

Por otra parte, la actual gestora da muestras claras de agotamiento, al punto que de sus cinco miembros iniciales ya solo tres mantienen una actividad destacada: la presidenta Marisa Tejedor, afín a CC, la abogada tinerfeña María Dolores Pelayo, figura histórica del PSOE, y el exconsejero regional de Economía Miguel Becerra (CC). Prueba de ello es que uno de esos miembros de la gestora, el exvicepresidente autonómico Juan Alberto Martín, no participa en la misma desde el pasado verano por problemas de salud. Por lo que respecta a los nuevos miembros y advirtiendo que no hay confirmación oficial del mismo, cabe destacar que el Gobierno vuelve a apostar por conocidos expolíticos para el mismo. Dos nombres resaltan entre los mismos y suenan como favoritos a encabezarlo: el exviceconsejero autonómico de Cultura Alberto Delgado, propuesto por CC, y la exconsejera de Empleo Margarita Ramos, propuesta por el PSOE. También figuran en todas las quinielas Antonio López Bonilla y el exalcalde socialista de Tacoronte Guillermo Graham. Curiosamente, podrían repetir Walkirio González y Gracia Rodríguez, que ya estaban en el patronato original. En cuanto al representante del Cabildo de La Palma, únicamente ha trascendido que cuenta con el respaldo de Coalición Canaria.

Esta decisión gubernamental podría ser anunciada en una rueda de prensa anunciada para la mañana de hoy y en la que intervendrán el viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, Manuel González; y el director general de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud, Teófilo González.

Sea como fuere, el nuevo Patronato nace con la incertidumbre que otorga el proceso judicial en curso, del que no se esperan noticias al menos hasta bien entrada la primavera.

En juego, un patrimonio de 150 millones de euros y el legado de una institución sin la que no se entiende la Historia reciente de Canarias.