El BOE del pasado miércoles establece la prohibición de anunciar la venta de órganos por particulares así como las transacciones económicas entre quien quiera vender un órgano y quien lo quiera comprar. Cualquier entidad que quiera actuar en el terreno de las donaciones deberá contar con la autorización previa de la Organización Nacional de Trasplantes. Honesta turpitudo est pro causa bona decían los romanos. “Por una buena causa la maldad es virtuosa”. Pero el atajo es tan falso y peligroso como mantener que el fin justifica cualquier medio. Hace unos días el ministro de Justicia anunció la nacionalización del aparato reproductor de las mujeres, que ya no forma parte de su cuerpo, sino que pertenece al Gobierno de turno de oficio. La reproducción, en cuanto atañe a las mujeres, ya no será un acto libremente decidido, sino que las barrigas y úteros serán instrumentos de una organización superior, el Estado, que dispone de sus cuerpos. Ahora, al cabo de la calle, el BOE nos anuncia que nuestro cuerpo no es nuestro. Que si quiero vender un trozo de mi hígado estaré cometiendo un delito. Que si quiero donarle a alguien gratuitamente uno de mis riñones -no se los recomiendo, están llenos de piedras- tendré que someterme al control y decisión de una organización estatal. Manda huevos, que diría Trillo. Me dirán ustedes, y con razón, que existe un mercado negro de órganos que ocasiona crímenes execrables. Que hay un mercado de órganos donde los ricos se aprovechan de la desesperación de los pobres. Pero ninguna de ambas cosas tiene que ver con la propiedad de nuestros cuerpos ni por supuesto desaparecerán (si acaso todo lo contrario) con las restricciones y prohibiciones que se ha establecido. “Voluntariedad, altruismo y desinterés” son los principios que deben regir el traspaso de órganos. Confundir la gratuidad con el desinterés ya es una torpeza mayúscula. Vender un órgano me parece terrible. El último recurso desesperado del más desesperado de los escenarios desesperados. Pero nadie ataca las causas de que una persona quiera vender uno de sus riñones. Simplemente lo impiden. El pobre seguirá siendo pobre sin remedio. El Estado dispondrá de su cuerpo para uso gratuito. Es una pena que los 200.000 cargos públicos que cobran de los partidos políticos no actúen por “voluntariedad, altruismo y desinterés”. Pero no. Los ciudadanos no podrán vender sus testículos pero ellos puede seguir tocándose los suyos y cobrando por ello. Y sin venderlos.