La PAH denuncia nuevos desahucios de Visocan a familias en paro y pide el cese de Rojas

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

Unos cuarenta miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) se concentraron ayer ante sede de Presidencia del Gobierno canario, donde entregaron un escrito para reclamar la paralización de los desahucios en viviendas sociales por parte de la empresa pública Visocan así como la destitución o el cese de la consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, por incumplir sus promesas de no desalojar a familias por motivos económicos sobrevenidos.

La portavoz de la PAH en Tenerife, Irma Évora, denunció que se están vulnerando los derechos de personas en paro y sin ingresos que no pueden pagar ni el alquiler social, pues “un Gobierno no los puede dejar en la calle sin alternativa habitacional”, como el caso de una pareja de Garachico desahuciada por Visocan, presente en la concentración.

Los concentrados de la PAH, que enarbolaron carteles con la cara de la consejera en los que se pedía su dimisión, vieron, con sorpresa, cómo Rojas salió a las puertas de la sede oficial para despachar con los concentrados, y, en una charla tensa pero sin incidentes, reiteró su compromiso de que por motivos económicos no se desalojará a ningún adjudicatario de viviendas de protección oficial, aunque aprovechó la ocasión para advertir de que muchos inquilinos con impagos no comunican su situación a Visocan, “por lo que no se sabe si no pagan porque no quieren o porque no pueden”. De ahí que hiciera un llamamiento a que, quienes estén en esas dificultades objetivas, lo comuniquen a esta empresa pública para evitar el proceso judicial.

Elsa y Alejandro logran aplazar dos semanas el desalojo
La PAH asegura que no es el caso de Elsa, auxiliar de veterinaria de 22 años, y Alejandro, pescador de 23, que ocupan una vivienda de protección oficial en el barrio garachiquense de Las Cruces, en régimen de alquiler, por la que venían pagando 200 euros al mes. Ambos están en paro y se les acabó la prestación por desempleo, por lo que llevan meses sin poder afrontar el pago de la mensualidad. Sobre ellos pesa una orden de desalojo del que ha sido su hogar hasta ahora, como culminación del proceso judicial de desahucio promovido por la empresa pública Visocan, dependiente del Gobierno de Canarias.

Ante lo que consideran una injusticia, este viernes Elsa y Alejandro acudieron a este acto de protesta de la PAH en la capital tinerfeña, y con ellos mantuvo unas palabras la consejera, para emplazarles luego a una reunión posterior celebrada ayer, y en la que los afectados solo lograron aplazar 15 días la ejecución del desalojo, a pesar de que la PAH pedía al menos dos meses para que Visocan estudiara su caso o hallar una vivienda alternativa.

La portavoz de la PAH, Irma Evora explicó que el 18 de noviembre entregaron un escrito en Visocan “exponiendo las circunstancias económicas de estos dos jóvenes, en paro y sin cobrar ya prestación alguna, y en el que se pedía se les revisara la renta mensual, al tiempo que, mientras se les tramita una ayuda municipal, se les permitiera una moratoria en el pago”. Sin embargo, el trámite fatal ha seguido adelante. En Visocan nos decían que estuviéramos tranquilos, que fuéramos pagando poco a poco, y que no iba a haber desahuicio, pero que tenían que avisarnos”, explicaron Elsa y Alejandro a este periódico, quienes aseguran que su caso no es el único en el bloque donde viven, pues otras cuatro familias ya han tenido que dejar sus viviendas, y hay más expedientes en trámite.

Escrito al Gobierno canario
En el escrito entregado por la plataforma en la referida sede del Gobierno canario, se solicita la paralización de los desahucios de Visocan “ofreciendo a las familias posibilidades reales de regularizar su situación con la Administración y, en todo caso, ofreciendo alternativas habitacionales a las personas que no pueden afrontar los pagos”.
Asimismo, este colectivo reclama que se creen órganos, dependientes del Gobierno canario, que supervisen y fiscalicen la gestión de esta empresa pública, para que “hagan cumplir de forma efectiva la función y el carácter social que debe tener el parque de viviendas que gestiona”.

La PAH acompaña su petición de un argumentario jurídico en el que recuerdan lo que establecen el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como una sentencia de 2012 en la que el Tribunal Europeo de Derechos Huymanos sostiene que “no es admisible una violación del domicilio, sin aportar ningún tipo de objetivo legítimo y necesario en una sociedad democrática, máxime sin ofrecer ninguna alternativa de alojamiento real”.

En cuanto a la consejera, piden su destitución “por la mala gestión e incapacidad en su cargo, por desahuciar a familias con una situación económica adversa, mantener viviendas protegidas vacías y ejecutar desalojos forzosos entre la población más vulnerable”.