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Las Palmas estrena su Ciudad de la Justicia

   
 inauguración de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas

Numerosas personalidades de la política y la justicia participaron en la inauguración de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas. | DA

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, manifestó ayer en la inauguración de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas que “los ciudadanos tendrán a su disposición una infraestructura que da respuesta a sus necesidades y al ejercicio de sus derechos, y los operadores jurídicos contarán con un espacio digno para desarrollar las funciones que tienen encomendadas”.

Un edificio que, según Paulino Rivero, simboliza un doble compromiso por parte del Ejecutivo autonómico, “el de prestar un servicio público que está a la altura que los ciudadanos esperan, demandan y merecen, y el de dotar a la Administración de Justicia de una organización moderna y operativa”. Estará operativo y a pleno rendimiento a finales de febrero. Con la puesta en funcionamiento de los nuevos juzgados, añadió Rivero, “damos un paso decisivo en ambas direcciones”. El presidente explicó que desde que la Comunidad Autónoma asumió las competencias en Justicia en 1997 “se ha avanzado en muchos aspectos”, especialmente a partir del año 2003, momento en el que se puso en marcha la primera fase del Plan de Infraestructuras de la Administración de Justicia del Archipiélago.

El Gobierno de Canarias, continuó Rivero, “ha asumido la mejora de los servicios públicos como una de sus prioridades”, y citó como ejemplos claros de este compromiso la apertura de este nuevo edificio judicial junto con el de La Laguna el pasado mes de junio.

Asimismo, destacó las mejoras administrativas que ha supuesto la progresiva desaparición del papel en las comunicaciones entre operadores jurídicos y los juzgados con la implantación del sistema telemático Lexnet, así como la calidad y capacidad de adaptación de la herramienta de gestión procesal Atlante. El presidente garantizó de igual modo que desde el Ejecutivo se seguirán implantando “acciones, planes y programas que permitan una mejora continua en la prestación de un servicio esencial en cualquier Estado de Derecho”.