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Pendientes de traslado – Por Francisco Pomares

   

A pesar de sucesivas puntualizaciones, explicaciones y matizaciones varias, el presidente Rivero puso el dedo en la llaga cuando habló de esos 400 pacientes que esperan hoy en camas públicas y privadas para ser recogidos por sus parientes. Yo no voy a hacer escarnio de este asunto, y además, comparto que estamos ante una cuestión cultural, un asunto vinculado al desarrollo económico y sus estigmas, y que tiene mucho que ver con las formas en que se desarrollan y articulan -aquí en Canarias, pero también en Cuenca, y supongo que en Copenhague también- las relaciones con nuestros mayores. La sociedad occidental se vuelve cada vez más injusta e insolidaria, vive cada día más alejada de sus propias responsabilidades. En lo que respecta a los mayores, es cierto que miles de familias no pueden atender correctamente a sus ancianos, pero también hay quienes actúan con absoluta impasibilidad y desinterés por ellos.
Entiendo, pues, el problema que quiso plantear el presidente. Pero lo que no dijo Rivero es que en estos momentos en Canarias sólo hay 2,9 plazas de residencia por cada cien ancianos, porque sucesivos gobiernos de Coalición Canaria prefirieron apostar por la obra pública municipal o las infraestructuras. Ni dijo tampoco que Canarias es la región española donde menos personas son atendidas siguiendo los criterios y directrices de la Ley de Dependencia, porque la Consejería de Asuntos Sociales lo ha hecho rematadamente mal en ese asunto. Ni tampoco que el Gobierno canario tiene paralizada desde el mes de septiembre una orden de Sanidad y Políticas Sociales -una orden conjunta de ambas consejerías, gestionadas las dos por consejeras nacionalistas- por la que se regula qué debe hacerse con los pacientes que ocupan camas hospitalarias contando ya con alta médica.
Se trata de una orden que aún no ha entrado en vigor, a pesar de haber cumplido ya con todos los trámites de información pública y estar pendiente sólo de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. La orden establece los protocolos para derivar hacia centros sociosanitarios a los pacientes hospitalarios con alta médica, para desocupar las camas de Urgencias hospitalarias.
Quizá Rivero no actuará tan a tontas y a locas como se ha dicho, cuando planteó el problema en sus polémicas declaraciones. Quizá sólo estaba preparando el terreno para anunciar el inminente traslado de estos pacientes dados de alta, que impiden que las Urgencias actúen con la diligencia necesaria.