Pobreza – Por Leopoldo Fernández

Los datos que acaba de divulgar la ONG Oxfam Intermón son para echarse a temblar: la mitad de la riqueza mundial está en manos de 85 personas, las cuales reúnen tanto dinero como 3.570 millones de personas, la mitad más pobre de la población mundial. O lo que es lo mismo: el 1% de los habitantes del planeta controla prácticamente la mitad de la riqueza en él existente. Estamos en lo de siempre: dada la enorme desigualdad económica, unos pocos determinan el futuro de la mayoría. Y eso, en democracia, es más que un abuso, ya que -como bien apunta el informe divulgado por la citada ONG bajo el título de Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica- grupos de intereses tan poderosos son capaces de secuestrar el poder político para manipular las reglas de juego en su favor. ¿Cómo combatir este preocupante panorama, que además sigue desequilibrándose año tras año, sobre todo en etapas de recesión económica, en favor de los más ricos?

Aparte las políticas de solidaridad y ayuda al desarrollo de los países más pobres auspiciadas por la ONU y otros organismos internacionales, nada mejor que gravar fiscalmente, mediante políticas de progresividad bien establecidas, a los que más riqueza poseen, acabar con los paraísos fiscales y las opacidades financieras, mejorar los servicios públicos, eliminar los recortes sociales, suprimir las ayudas oficiales a los más poderosos, además de incentivar la generación de actividad económica y la creación de empleo. ¿Qué gobierno se atreve a implementar estas prácticas que con toda probabilidad apoya la inmensa mayoría de los ciudadanos? El futuro es tan preocupante que, según Oxfam, Europa tendrá 25 millones de pobres, de ellos ocho millones españoles, si los gobiernos no varían sus actuales políticas restrictivas. Otra solución complementaria sería la puesta en marcha de la llamada Tasa Tobin para las transacciones financieras internacionales, que por una parte frenaría los movimientos especulativos de la banca y por otra su importe sería destinado a combatir la pobreza y las desigualdades económicas. Si nos atenemos al caso de Canarias, sólo con medidas extraordinarias -aparte el ejemplo solidario que nace en las ONG, las corporaciones locales y el gobierno- podrán combatirse efectivamente las desigualdades sociales y económicas, favoreciendo a un tiempo el mejor y más justo reparto de la riqueza existente. Porque, ¿qué hacemos si no con los más de 120.000 hogares que tienen a todos sus miembros en paro y con los casi 38.000 que carecen de cualquier tipo de ingreso? O los que más tienen pagan más, o las desigualdades seguirán acentuándose hasta quién sabe dónde, con el consiguiente peligro de estallido social.