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Profesionales sociales acogerán a niños en desamparo en sus familias

   
Inés Rojas,

Inés Rojas, consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario. | FRAN PALLERO

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

“El objetivo, a medio plazo, es cerrar todos los centros para menores en desamparo”. Así de tajante y convencida se muestra la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, quien ayer aseguró a este periódico que su departamento está concluyendo el trámite para poner en marcha una nueva iniciativa en materia de acogimiento de niños. Se trata del denominado acogimiento profesionalizado, por el cual trabajadores y técnicos de lo social acogerán en sus propias familias a menores de entre 6 y 18 años de edad tutelados por el Ejecutivo regional, al objeto de facilitarles la inserción sociolaboral y normalizar su situación y la relación con sus familias biológicas.

En este sentido, Inés Rojas explicó que se trata de un proyecto “pionero” que se empezará a desarrollar a partir del primer trimestre de este año, una vez concluyan los trámites internos de la orden que está ultimando la Dirección General del Menor y la Familia. “Es un paso más en el programa de acogimiento familiar, en el que hemos avanzando tanto que los niños de entre 0 y 6 años ya no pasan por un centro, sino que van directamente a una familia de acogida”, señaló Rojas, quien recordó: “Para eso hemos creado un banco de familias acogentes, que en cualquier momento pueden estar disponibles para proporcionarle a los niños el calor de una familia, desde el mismo momento en que son declarados en desamparo”.

“Una vez que ya tenemos cubierta esa franja de edad, a partir de los 6 y hasta los 18 años, vamos a poner en marcha un acogimiento profesionalizado, porque el perfil de estos menores de más edad encaja mejor en esta opción”, aseveró la consejera, quien cree que la iniciativa también puede servir para “generar empleo” y “dar una salida a los chicos que están en los centros institucionalizados, porque el propio personal que trabaja en estas instalaciones es el que asesora, hace un seguimiento y ayuda a las familias en su acogimiento. Por lo tanto, es el que mejor puede entender ese proceso, y está capacitado para llevarlo a cabo”, espetó Inés Rojas.

La titular de Políticas Sociales del Ejecutivo autonómico reconoció que “en dos meses como máximo empezaremos a poner en marcha esta iniciativa, porque la orden ya está bastante avanzada. Faltan algunos trámites internos, pero nuestra intención es que a partir del primer trimestre de este año se pueda implementar”. Y es que, aunque la consejera dejó claro que la retribución económica que percibirán los acogentes no es el reclamo ni el fin del proyecto, sí puede ser una “alternativa” al empleo para muchos profesionales que están en paro, “porque si hay algún profesional de lo social que desea ser acogente de un menor, no solo estará poniendo en práctica sus conocimientos ayudando a un chico o una chica para que logre un futuro mejor, una formación al calor de una familia, sino que también le supondrá una salida laboral, porque obviamente recibirá una aportación dineraria para colaborar en el mantenimiento del niño”.

“Pero no quiero que sea ese el reclamo, porque lo importante es poner en valor que un profesional pueda acoger a uno o varios chicos de los amparados por el Gobierno, porque será algo que beneficiará a ambas partes”, insistió Rojas, quien confirmó que de los cerca de 1.500 niños en desamparo que tutela su departamento, apenas 800 residen en estos momentos en centros institucionalizados.

Medidas para evitar y paliar la desprotección

“El riesgo social se mide por la carencia de alimentos, vestuario, vivienda, educación y sanidad, y las ayudas de emergencia social están para atender estas carencias”, afirmaron desde la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias, quienes reiteraron que la alarma de una posible situación de riesgo de un menor puede saltar por cuatro vías: denuncia policial, falta de asistencia sanitaria, falta de asistencia educativa o por los propios servicios sociales municipales, quienes intervienen para diseñar y poner en marcha un plan que revierta la situación. De no lograrse, se propone al Gobierno la evaluación de desamparo del chico.
“Durante el proceso de valoración de una posible situación de desprotección, sea de riesgo o de desamparo, se tienen en cuenta los factores de riesgo, es decir qué elementos personales, familiares y del entorno están incidiendo negativamente en la familia, y en qué medida afectan al bienestar de los menores”, señaló Inés Rojas, quien recalcó que “de igual modo se valora los factores de protección, es decir, las fortalezas con las que cuenta la familia biológica que favorecen su recuperación. Este análisis nos determina el nivel de gravedad”. “Las causas económicas no son motivo, por sí solas, bajo ningún concepto para declarar en situación de desamparo”, concluyó Rojas.