El PSOE traslada a Canarias el plan contra la pobreza energética

La diputada del PSOE Lola Padrón, durante una intervención en un pleno del Parlamento. | JAVIER GANIVET

DOMINGO NEGÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Una semana después de que el Congreso rechazara una proposición de ley de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) contra la pobreza energética, el grupo socialista registró en el Parlamento regional una PNL que reproduce el fondo, con otras formas, de esa iniciativa tumbada por el PP y apoyada por el PSOE, UPyD, CiU y el PNV.

En la proposición no de ley, presentada a instancias de la diputada Lola Padrón, el PSOE razona que la pobreza energética es un fenómeno que va en aumento “por culpa de la crisis económica y de las medidas restrictivas adoptadas en los últimos dos años por el Gobierno de España”. La pobreza energética depende, se lee en la exposición de motivos, “de los cada vez más disminuidos ingresos familiares, del alarmante incremento de los costes de la energía y de la mermada calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia”.

El escrito define la pobreza energética, que “sufren cuatro millones de personas” en España, como “aquella situación que padece un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda”.

Por todo ello, el PSOE plantea que la Cámara legislativa emplace al Ejecutivo regional a que pida al Gobierno de la nación que diseñe -a más no tardar en tres meses- una estrategia para la erradicación de la pobreza energética, en la que se involucre a las empresas y se mantenga el bono social. Entre otros puntos, la PNL sugiere asimismo que se impulse el sector de las renovables además de priorizar la rehabilitación y la eficiencia energética en los hogares.

Aparte de la incorporación de una partida presupuestaria específica, Padrón solicita que la Comunidad Autónoma establezca, en el ámbito de sus competencias estatutarias, un suelo social y articule medidas tendentes a garantizar que no haya cortes de suministro de luz y agua a los hogares afectados por la pobreza.

En esa línea, la Generalitat de Cataluña ha promulgado un decreto que prohíbe cortar la luz entre noviembre y marzo en casos de “pobres extremos” para “evitar que queden desprotegidos los meses de más frío”. Se beneficiarán las familias con un nivel de ingresos igual o inferior al indicador de la Renta de Suficiencia y sin opciones de reducir su consumo.

La Junta de Andalucía avanza en esa misma dirección.