El REF, pieza clave para la economía canaria – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

Las entrevistas de Paulino Rivero con el rey y con el presidente del Gobierno Rajoy está dando ya algunos frutos; al menos en la vía de la buena disposición al diálogo y el consenso en materia económica, que es donde más aprieta el zapato de las carencias canarias. No obstante, habrá que ver cómo se concretan algunos asuntos en discusión o por esclarecer, dada su complejidad. Es el caso de la privatización de AENA, la conectividad aérea (con la llamada quinta libertad) y marítima, los desencuentros con Costas, la cuestión de las tasas aeroportuarias y el documento de residencia, la aplicación de la reforma administrativa y, por encima de todo, la revisión del REF, para presentar a Bruselas un documento consensuado entre Madrid y Canarias que satisfaga a la Unión Europea.

Esta cuestión del régimen canario tiene su miga. Primero porque, a la chita callando, se ha quitado al siempre incómodo ministro Montoro la competencia directa sobre la parte económica del REF, que va a ser coordinada, a efectos de entendimiento con los distintos ministerios, por la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, que dirige una de las personas de la máxima confianza de Rajoy: Álvaro Nadal, hermanísimo de Alberto, secretario de Estado para la Energía con el ministro Soria. Y en segundo lugar, porque con cierta prisa se han montado una serie de reuniones bilaterales entre técnicos y políticos del Ministerio de Hacienda y del Gobierno canario. Se trata de avanzar en el acuerdo de modo que a finales de febrero se pueda remitir a Bruselas el texto articulado del nuevo REF válido para el periodo 2015-2020. La idea es que la actual Comisión Europea le dé el visto bueno cuanto antes, a fin de no alargar el proceso de aprobación teniendo en cuenta que las elecciones de mayo al Parlamento Europeo pueden cambiar algunos puestos clave -buenos conocedores sus actuales titulares de los problemas canarios- en el aparato burocrático de la UE y complicar el panorama general, hoy de cierto optimismo.

Sugerencias y perspectivas

Otro asunto que llama la atención es la apertura de nuevas consultas por parte del consejero de la Presidencia del Gobierno canario, Javier González Ortiz, para elevar a Madrid una serie de propuestas económicas con el fin de que sean incluidas en el nuevo REF. Sorprende que se vuelva abrir la puerta a este tipo de sugerencias cuando en julio pasado el Parlamento de Canarias consensuó y aprobó por unanimidad una propuesta de reforma del régimen canario -que previamente fue consultada con organizaciones sindicales, económicas, colectivos profesionales y grupos intermedios de la sociedad-, remitida después al Gobierno central.

La parte fiscal del REF, sobre la que Bruselas puede presentar objeciones suscitadas inicialmente por grupos de intereses y lobbys que se mueven en el entorno comunitario, está ya muy avanzada en su negociación con el Gobierno español, según González Ortiz. Cabe suponer que cuestiones como la deducción por inversiones (DIC), la reserva de inversiones (RIC), las bonificaciones a la producción, la continuidad del Aiem y otros aspectos fiscales, por su importante contribución a la economía de Canarias, mejoren su potencial desarrollo en el nuevo REF. Éste debería tener un carácter menos restrictivo y de mayor seguridad jurídica, a fin de propiciar una más correcta aplicación, evitando así la conflictividad, los pleitos y los desencuentros que tanto han abundado durante los últimos años.

Lo mismo se puede decir sobre la ZEC, cuyo marco inversor debería ser dotado de mayor atractivo para garantizar así su éxito y su periodo de vigencia, que en principio alcanza hasta 2019, y sobre las zonas francas, cuyo desarrollo se encuentra estancado por falta de incentivos, cuando se trata de una herramienta ideal para la potenciación del sector exportador y de las economías de escala.

Tras de la experiencia acumulada durante la crisis, la RIC debe quedar abierta a las coyunturas empresariales adversas; tanto la propia reserva como la DIC no parece que en estos momentos económicos deban recibir ningún tipo de ayuda fuera de Canarias. Cosa distinta sería su utilización para el fomento de las exportaciones, que en ningún caso abre la puerta a eventuales deslocalizaciones empresariales. En cuanto al fomento del empleo, debería ser el centro motivador de los incentivos del nuevo régimen, dado el elevadísimo paro, sobre todo juvenil, que padece nuestra comunidad autónoma. En el mismo sentido, cabría hablar de la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social o de alguna minoración en los impuestos a las empresas a condición de que creen empleo fijo. Ambas medidas no serán la panacea que alumbre nuevos puestos de trabajo, pero parece razonable esperar efectos beneficiosos para el conjunto de la actividad productiva en el archipiélago. Las inversiones para las infraestructuras turísticas y la rehabilitación de la planta hotelera obsoleta, pueden y deben ser amparadas por la RIC, en sus distintas manifestaciones de servicios: restauración, equipamiento, alojamiento, dotación comercial, etc. Las energías renovables, la investigación, la innovación, las ayudas a la generación eléctrica tradicional, las primas al transporte aéreo y marítimo de personas y mercancías y la desalación y otras ayudas destinadas a mejorar las condiciones de vida y el bienestar social de los ciudadanos, destinatarios finales del REF, deben ensanchar su campo de aplicación porque así lo exige la Unión Europea para las políticas de los estados hacia sus regiones ultraperiféricas.

El Gobierno español lleva años incumpliendo el REF o poniendo trabas y recortes a su justa aplicación, empezando por la marginación de Canarias a la hora de las inversiones públicas estatales, que ni siquiera alcanzan la media nacional como manda el REF, siendo así que deberían superar la del conjunto de español porque la insularidad y la lejanía son dos condicionantes de mucho peso económico. A la vista de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional, resulta obligado incluir en el bloque de constitucionalidad la plena garantía de estabilidad jurídica del REF, tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Constitución española en cuanto uno y otra sean revisados, con todas sus consecuencias económicas, fiscales y administrativas. Las especificidades isleñas no pueden quedar al albur de interpretaciones puntuales de los tribunales, ya que se trata de un acervo histórico que del siglo XV, tras la plena incorporación de Canarias a la Corona de Castilla, y debe gozar por tanto de garantías jurídicas plenas.

Por otra parte, cabildos y ayuntamientos vienen reclamando un mejor y más justo reparto de los fondos del REF, cuya inicial titularidad correspondía -y así fue hasta que Canarias se constituyó en comunidad autónoma- a las corporaciones insulares. Tal aspiración no sólo parece razonable; en realidad es imprescindible para atender las necesidades de financiación de las corporaciones locales, que no pasan por su mejor momento y que además deben hacer frente a las nuevas competencias que van a ir recibiendo, según contempla la normativa legal vigente, para las que no se ha comprometido dotación alguna.

Dichos muy esquemáticamente, estos son los retos del nuevo REF, que defraudará todas las expectativas si con él Canarias no mejora en los próximos años su nivel de renta -cada vez más bajo en comparación con la media española-. Y la pobreza deja de ser un mal endémico enquistado en la sociedad. Y la riqueza es mejor distribuida. Y el desempleo se reduce drásticamente con planes especiales y ayudas varias. Y se repone la vigencia de los convenios firmados con el Estado que hoy se hallan en suspenso a causa de la crisis. Sin duda, el REF ha sido un mecanismo muy útil para la economía de las islas. Pero ahí siguen las carencias. Y es preciso afrontarlas con las máximas garantías, de modo que los problemas estructurales reciban el mejor tratamiento posible, política, social y económicamente. Incluyendo, por qué no, una bonificación generalizada sobre el IRPF para las personas físicas que tributan en Canarias y la extensión a las mismas de los incentivos a la inversión.