Sanidad denunció a 3 personas en 2013 por negarse a dejar el hospital
Dos de los tres casos se produjeron en el Hospital Universitario. | J. G.
JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Las polémicas declaraciones de Paulino Rivero sobre los pacientes con el alta médica que continúan ocupando plazas hospitalarias porque supuestamente no son recogidos por sus familias ha puesto en evidencia una cruda realidad que habitualmente pasa desapercibida. Esta problemática además está íntimamente relacionada con la ocupación de camas por parte de personas que, también con el alta clínica, se niegan a abandonar el hospital por distintos motivos. Estas situaciones, que cada vez son más habituales, pueden provocar incluso que el hospital se vea obligado a poner en conocimiento del juzgado la situación, en virtud del artículo 21 de la Ley 41/2002, que regula la autonomía del paciente y sus derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Según esta ley, la dirección del centro hospitalario, previa comprobación del informe clínico correspondiente, oirá al paciente y, si persiste en su negativa, lo pondrá en conocimiento del juez para que confirme o revoque su desahucio. Según confirmaron fuentes de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico, el pasado año se produjeron tres casos de este tipo en los hospitales de la Isla, dos en el HUC y uno en la Candelaria. Las mismas fuentes recordaron que por imperativo legal “no se permite informar sobre casos concretos”, apuntando únicamente que “ante la negativa reiterada de cualquier paciente a recibir el alta médica, el hospital se ampara en el referido artículo 21 de la Ley 41/2002”.
Fuentes jurídicas consultadas por el DIARIO explicaron que en el ámbito asistencial surgen “multitud de dudas sobre cómo actuar cuando el paciente no quiere el tratamiento que se le ofrece o ha agotado el prescrito, pero en cambio quiere permanecer en el hospital recibiendo asistencia”. Y es muy frecuente que estos enfermos cuenten con el respaldo de su entorno familiar. El más frecuente es el caso de “personas mayores con patologías invalidantes y faltos de apoyos fuera del centro”. Mucho menos habitual, denotaron las mismas fuentes, es el perfil del paciente que abusa del sistema sanitario porque tiene problemas sociosanitarios. También está el que puede recibir tratamiento en otro centro o afirma sentirse más seguro en el que se encuentra actualmente; o aquel que lleva meses esperando por un traslado que la administración no puede costear en estos momentos.
Nueva Canarias (NC) solicitó ayer la comparecencia urgente, en comisión, de la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, para que explique las declaraciones del jefe del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, en la que hacía mención a la ocupación de 400 camas hospitalarias por pacientes con el alta hospitalaria. En este sentido, el portavoz de NC en la Cámara regional, Román Rodríguez, criticó a Rivero por culpabilizar a las familias canarias “del fracaso de su política social y sanitaria”, según informó la formación nacionalista en una nota.
Por otro lado, el propio Paulino Rivero reiteró ayer que el bloqueo de camas en los hospitales de las Islas con pacientes ya sanos y con el alta médica, pero que aún siguen en los centros porque los familiares no los recogen, “no es un problema” de la región sino de “toda España”. En una entrevista en TVE, Rivero recordó los “cambios sociales” que se han producido en los últimos tiempos y ha achacado este bloqueo al envejecimiento de la sociedad, la crisis económica, los ajustes que se han realizado en las políticas sociales y los recortes en dependencia. “Esto no es un asunto de Canarias, sino que es un asunto general en el Estado español y es necesario que reflexionemos sobre él y no demos la espalda a esta realidad, ya que hace 15 o 20 años acogíamos en los hospitales a las personas mayores, las mujeres no trabajaban, y ahora mucho ha cambiado la sociedad”.
El informe Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales DEC 2013, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, aunque coloca a Canarias como la décima de 17 comunidades en cobertura de servicios, reconoce que las Islas están por encima de la media estatal en plazas públicas para personas con discapacidad, plazas públicas para personas mayores, en acogimiento familiar de menores, alojamientos para personas sin techo y plazas para mujeres víctimas de violencia.
En relación a la cobertura de los servicios públicos, el documento sitúa al Archipiélago como la décima comunidad autónoma, de 17 regiones analizadas, y especificó que ha mejorado en 2012. De esta forma, se reconoce que la cobertura en equipamientos para personas con discapacidad pasa de una plaza residencial por cada 102,49 personas con discapacidad en 2011 a una por cada 54,96 personas en 2012. En relación con las plazas residenciales para personas mayores, el informe reconoce un incremento del 2,6 por cada 100 personas mayores de 65 años en 2010 a 2,99 en 2011, y en el programa de ayuda a domicilio para personas mayores, se matiza que Canarias pasa de un ratio de 3,52 plazas por cada 100 personas mayores en 2010 a 3,69 en 2011.
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