NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife se convirtió en una ciudad pionera en España cuando hace dos años el pleno municipal aprobó la puesta en marcha del Protocolo Antidesahucios. Un documento en el que se establecen las medidas a seguir cuando una persona se ve amenazada por un desalojo al no poder pagar la hipoteca. El problema con el que se están encontrando los vecinos de la capital es que la mayoría de desahucios que se están produciendo se hace por el impago de alquileres y no de hipotecas, por lo que no se puede aplicar el plan. Los datos municipales así lo corroboran ya que en 2013, de las ocho peticiones que se realizaron para que se activara el protocolo, solo en dos se pudo aplicar, ya que el resto de casos correspondían a desalojos por impagos de alquiler.
El año pasado, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Tenerife (PAH Tenerife) presentó tres de las ocho peticiones registradas para activar la mediación municipal, y dos de ellas fueron las que consiguieron la intervención del alcalde, José Manuel Bermúdez, puesto que la tercera no se correspondía con un proceso de ejecución hipotecaria, sino con uno de falta de pago de alquiler al propietario, siendo remitido el caso al Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) para intentar encontrar alternativas. En los casos en los que el alcalde medió, lo hizo intercediendo ante el Banco Santander por una familia y con Bankia por otras 10. En cuanto a las cinco solicitudes a las que no se les pudo aplicar el Protocolo Antidesahucios por tratarse de ejecución por falta de pago de alquiler o por herencias por sentencias firmes, fueron remitidos unos al IMAS y otros a Viviendas, Proyectos y Obras Municipales, S.A.U., con el objeto de intentar encontrar alternativas a su situación.
Los problemas derivados del impago de alquiler, como reconocía la concejal de Asuntos Sociales, Alicia Álvarez, “representan la mayoría de casos” que atienden “en relación con desahucios ”. Desde el pasado mes de noviembre el IMAS también ha puesto en marcha una ayuda para el pago de hipotecas, una prestación que se ha comenzado a conceder de manera inmediata pero con la limitación de que no pueden “dar prestaciones a personas que tengan patrimonio por lo que la justificación legal ralentiza mucho su tramitación”.
Asesoramiento a los afectados
Junto a la activación del protocolo, el Ayuntamiento también puso en marcha en diciembre de 2012 el Servicio de Intermediación Hipotecaria gracias a un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados, con el objeto de intermediar y asesorar a las personas frente a las entidades bancarias con las que han concertado el crédito, facilitando la información necesaria, sobre las formas y posibilidades de abordar las dificultades de pago. Desde esa fecha se ha atendido a 225 personas, de las que una treintena ha necesitado de una mediación práctica. Así, a fecha de septiembre de 2013, se ha conseguido a un acuerdo en cinco casos, en cuatro no ha sido posible, nueve están a la espera de contestación y siete más están aún tramitándose.
El mayor logro de este servicio, según el Colegio de Abogados, es que se ha conseguido suspender los lanzamientos y alguna refinanciación. Este servicio permite agilizar la designación de abogado, de forma que, el mismo día o al día siguiente de formalizarse los trámites, ya se cuenta con abogado de oficio al que de inmediato se le da traslado de la documentación necesaria para iniciar los trámites.
El coste de la intermediación se cifra en 120 euros. De los solicitantes a los que se les ha designado abogado, un total de 27 han resultado beneficiarios de la prestación social que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha desarrollado para este servicio y que asciende a 60 euros. El resto hasta complementar el coste total es aportado por la entidad financiera en cuestión.
“No se ha puesto en marcha nada”
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Tenerife (PAH), Inma Évora, principal impulsora del protocolo, se muestra muy crítica con la evolución práctica de este documento. Ante la apariencia de que los desahucios se han frenado en la capital, Évora asegura que de ser así, nada tiene que ver con el Ayuntamiento: “Las sentencias europeas sobre la normativa hipotecaria española es lo que ha frenado los lanzamientos. Eso y la presión social”. La portavoz de la PAH expresó su malestar por los incumplimientos del Consistorio asegurando que el IMAS, que, según Évora, deriva a la plataforma al 90% de los casos amenazados por desahucio, no está sabiendo dar respuestas. La prueba: “Cada semana vienen a nuestras asambleas unas 50 personas de las que un 20% son nuevas”.