Trato colonial – Por Francisco Pomares

El Partido Popular ha reiterado su oposición al trámite de la reforma del Estatuto y ha anunciado que si el Parlamento remite el borrador a Las Cortes, el Estatuto será bloqueado en Madrid. Comprendo que en el PP se piense que la reforma del Estatuto no es una de las prioridades del momento, puedo incluso compartir esa idea. Pero la cuestión de fondo no es la opinión que el PP o yo tengamos sobre la oportunidad política de la reforma.

La cuestión es de mucho más calado democrático: Las Cortes no pueden negarse a la tramitación de un proyecto planteado por la ciudadanía de Canarias a través de sus representantes, sólo porque al PP considere que no es el momento. Porque mientras el PP se opone a la tramitación de la reforma del Estatuto canario, la del Estatuto de Murcia está ya en el Senado, y las de los Estatutos de Valencia y de Castilla-La Mancha siguen su trámite. ¿Por qué habría de ser el momento de ocuparse de reformas tan importantes y decisivas como las de los estatutos murciano, valenciano y castellano-manchego y no de la del canario? El PP tiene perfecto derecho a utilizar su actual mayoría parlamentaria para enmendar las propuestas de reforma del Parlamento de Canarias, incluso para modificar ahora su criterio en relación con un proyecto de reforma que resultó aprobado por unanimidad hace unos años, con el voto favorable del PP.

Pero no es de recibo que se niegue a que el Estatuto de Canarias sea debatido en Las Cortes, cuando alienta que se produzca el debate de los de otras regiones españolas. Actuar de esa manera no es sólo romper la mejor de las tradiciones parlamentarias, que es la de aceptar discutir sobre lo que no se está de acuerdo; también supone una afrenta comparativa (son las que más duelen) contra las instituciones canarias y contra la ciudadanía a la que representan. No soporto ni el victimismo, ni la tendencia a acusar a los demás de nuestras propias frustraciones: muchas de nuestras quejas políticas son fruto del complejo y la falta de capacidad para reclamar lo que es de derecho. Pero el Gobierno de la nación no es el PP, ni es propiedad del PP.

Si el Gobierno de la nación actúa de una manera con las regiones en las que gobierna -ya lo ha hecho en la cuestión del petróleo, por ejemplo- y de otra diferente donde está en la oposición, corre el riesgo de dar argumentos a quienes desde la frivolidad o la felonía se refugian en la recurrencia de las prácticas de maltrato para justificar veleidades secesionistas.