UGT y CC.OO. dan ya por roto el diálogo con el Gobierno canario

Arteaga (CC.00.) y Santana (UGT), en la rueda de prensa de ayer. / DA

AGENCIAS / V. P. | Las Palmas de G.C. / Santa Cruz

Los secretarios generales de UGT y CC.OO. en Canarias, Gustavo Santana y Juan Jesús Arteaga, respectivamente, afirmaron ayer que el diálogo social en las Islas está liquidado y que no es concebible un acuerdo sobre la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) en tan solo dos reuniones, como aseguran que pretende el Gobierno de Canarias.

Así lo manifestaron en una rueda de prensa en la que además el dirigente ugetista denunció un “intento de comprar voluntades” por parte del Ejecutivo canario, al ofrecerles una subvención con la que compensar la pérdida, por aplicación de un real decreto ley estatal, de 40 liberados que, por los Acuerdos de Concertación Social, se permitían hasta ahora a UGT y CC.OO. para facilitar su participación en los diversos órganos de representación de la comunidad autónoma.

Arteaga explicó que tras dos años sin convocarse los órganos y de las comisiones de trabajo relacionadas con la concertación social -y ante el método utilizado por el Gobierno de Canarias para ultimar una propuesta de texto articulado sobre el nuevo REF-, el objetivo del Gobierno es convertir los procesos de negociación en “meras consultas”, según informó Europa Press.

En este sentido, desde UGT, Santana declaró que “no es concebible llegar a un acuerdo y un consenso sobre el REF con un método que lo único que busca es una política de maquillaje para ofrecer a la opinión pública que este REF es de todos y consensuado, cuando eso es incierto”.

CC.OO. y UGT destacaron que “la responsabilidad de las consecuencias que la falta de acuerdo y de consenso social que se deriven sobre la sociedad de Canarias, sobre sus posibilidades de futuro y su capacidad de recuperación económica, recae sobre el Gobierno de Canarias y los partidos que lo componen”.

El Gobierno canario dictó en diciembre una resolución en la que interpreta que el artículo 10 del real decreto ley 20/2012 del Ejecutivo estatal le obligaba a dejar sin validez desde 2014 todos los acuerdos sobre créditos horarios y dispensas para liberados que mejoraran la normativa básica. Es en este contexto, según fuentes del Ejecutivo, en el que ofreció una subvención a los dos principales sindicatos para que pudieran cubrir los gastos de esa actividad sindical vinculada a la concertación social, al quedarse sin los cuarenta liberados.

Pero los sindicatos la rechazaron. “No la aceptamos porque no mercantilizamos derechos”, aseguró ayer el secretario general de UGT, quien añadió que el Gobierno regional ha querido “liquidar el diálogo social” por el discurso que ha mantenido este sindicato de la posibilidad de una huelga general en Canarias.

“Esto demuestra que la cultura política de nuestra tierra no acepta la crítica. Se creen que están por encima del bien y del mal y que siempre tienen razón”, dijo Santana, quien imputó la “responsabilidad máxima” de esta situación al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola.

Martín Marrero: “Esas críticas son descabelladas”

El portavoz del Gobierno regional, Martín Marrero, confesó ayer su “perplejidad” ante la acusación de que con una subvención se quiso comprar la voluntad de UGT y CC.OO. Marrero argumentó que la pérdida de 40 liberados entre ambos sindicatos es por aplicación de una normativa estatal, y que el Gobierno canario, no conforme con las medidas restrictivas impuestas por el Estado, propuso dar esa subvención (según el Ejecutivo canario correcta dentro del actual marco legal) para que los sindicatos pudieran mantener su actividad en los órganos de participación de la comunidad autónoma. E hizo esta propuesta en la Mesa de Concertación Social, por lo que Marrero tachó de “descabelladas” las acusaciones. Cabe recordar que la concertación social compete a la Consejería de Empleo, y es en este ámbito donde participaban los 40 liberados, (en virtud de acuerdos adoptados entre el Gobierno regional, la patronal y los sindicatos) aunque, al ser todos ellos trabajadores de la Administración autonómica, quedaban afectados por el real decreto ley estatal que limita el crédito horario para la representación sindical.

UGT culpó ayer de esta problemática al consejero socialista Hernández Spínola, si bien fue precisamente su Consejería, la de Presidencia y Justicia, a través de la Mesa General de Empleados Públicos, la que logró cerrar un acuerdo con todos los sindicatos (UGT y CC.OO. incluidos) en noviembre pasado sobre cómo aplicar el citado real decreto ley del Estado.