Manuela de Armas (d), junto a los consejeros de Andalucía, Cataluña, Asturias y País Vasco. / DA
J. L. C. / EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife / Madrid
Rendido a la evidencia. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, volvió a dar ayer un nuevo giro de timón a sus planes de implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación Educativa (LOMCE), ante el malestar y la amenaza de insumisión de las comunidades autónomas no gobernadas por el PP, como Canarias, quienes escenificaron su rechazo a una norma que genera una amplia repulsa social y política. Durante la reunión de la Conferencia Sectorial celebrada ayer en Madrid, confirmó que se fraccionará en tres el real decreto de desarrollo de la ley, con el fin de aprobar ahora solo el de Primaria -que es el que corre más prisa porque empieza ya el curso que viene- y se dejarán para más adelante los de ESO y Bachillerato, que no se pondrán en marcha hasta el curso 2015-2016.
El objetivo es que las administraciones autonómicas se concentren ahora en Primaria -van con el tiempo justo para aprobar sus desarrollos normativos a la ley- y pueda darse una segunda revisión a los currículos de la ESO y Bachillerato, que se han realizado, según denuncian los profesionales y sindicatos, “de forma apresurada y sin rigor”. El pasado 29 de octubre, Wert decidió atrasar la aplicación de la LOMCE ante el clamor de las comunidades autónomas, que ya le advirtieron de que no iba a dar tiempo a poder aplicarse la norma. En un primer momento, la ley se iba a poner en marcha el curso que viene para los cursos impares y en el 2015-2016 para los cursos pares. Finalmente, en el curso próximo solo se aplicará a 1º, 3º y 5º de Primaria y FP Básica.
Horas antes de la Sectorial de Educación, representantes de las comunidades autónomas no gobernadas por el PP expresaron su rotunda negativa a implementar la LOMCE tal y como pretendía en un primer momento el Gobierno. En una rueda de prensa conjunta, miembros de las consejerías de Canarias, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Asturias dejaron claro que “no hay ni dinero ni tiempo” para cambiar los currículos y los libros de texto como promueve la LOMCE.
“Esta ley es una muestra de continua improvisación”, señaló la viceconsejera de Educación del Ejecutivo canario, Manuela de Armas, quien insistió en que “las comunidades autónomas inician la planificación del curso siguiente desde enero y el Ministerio está haciendo modificaciones sustanciales en el decreto que inciden en la planificación”. Una de estas modificaciones es la que se refiere a la financiación necesaria para la FP Básica, que según Wert tendrá una partida de 2.000 millones de euros, de los que 1.200 millones procederán del Fondo Social Europeo y el resto, 800, serán cofinanciados entre el Estado y las propias comunidades.
De Armas puntualizó que este proceso se complica, pues “con las nuevas enseñanzas, esta etapa obligatoria podría llegar a extenderse hasta los 21 años”. “Necesitamos un tiempo mínimo para el desarrollo normativo y para la participación de la comunidad educativa, como ha sucedido con las leyes anteriores”, recalcó la viceconsejera, quien recordó que para el desarrollo de las leyes anteriores se necesitó un plazo mínimo de cinco años y que “este Gobierno pretende hacerlo en uno”.