Asalto a lo público – Por José Antonio Batista Medina

El asalto a lo público y a los espacios y bienes comunes o colectivos no es, en modo alguno, un proceso nuevo, sino con una larga historia que no es ahora lugar de comentar. Pero sí es cierto que desde hace unas décadas, y especialmente desde hace unos años, se ha intensificado y ha ido alcanzando más y más ámbitos, que van pasando de un uso público/colectivo al privado, de la gestión pública o colectiva a la privada y, en los casos extremos, de la propiedad pública y común a la privada, con lo cual el control total de esos bienes, servicios o espacios pasa a sus propietarios (personas físicas o jurídicas). Esto ha afectado a recursos naturales básicos (el agua para el consumo), a espacios urbanos y a diversos servicios públicos esenciales (educación y sanidad). Pues bien, con independencia de las especificidades de cada caso, en todos ellos observamos una serie de aspectos comunes que pasaremos a comentar. En primer lugar, y como más evidente, ese fenómeno supone la pérdida o dificultades de acceso de los anteriores usuarios, propietarios o ciudadanos a esos bienes y servicios, que pasan a regirse, directa o indirectamente, por los principios del mercado. Estamos ante un claro ejemplo de exclusión de aquellas personas que eran sus legítimos usuarios/propietarios o beneficiarios (caso de los servicios públicos). Y es también un ejemplo de un proceso (legal, no cabe duda) de “apropiación” privada de bienes y servicios antes públicos o comunes. En segundo lugar, esos recursos, espacios o servicios se someten, como acabamos de apuntar, a la “lógica del mercado” (se mercantilizan), lo que, entre otras muchas cosas, supone la regla del que paga “accede”. También implica que priman los principios y criterios económicos (puramente económicos) frente a los sociales y éticos. Así, la justicia social tiende a desaparecer del foco o a quedar oscurecida. En tercer lugar, este proceso de pérdida de lo público, común y colectivo hace que desaparezca o disminuya el control del uso y la gestión de tales bienes y servicios por parte de los ciudadanos e incluso de los Gobiernos (de todos los niveles, desde locales a estatales). La gestión diaria y las decisiones importantes se toman en consejos de administración. Se pierde participación y democracia, lo que es tremendamente grave en una sociedad basada en principios democráticos y de justicia social. Por último, el argumento corriente para fundamentar ese proceso de privatización-mercantilización es la ineficiencia. Ésta acaba convertida casi en el “estado natural” de lo público y colectivo. “Lo público es ineficiente”, se dice y leemos con muchísima frecuencia. Pero la ineficiencia es el resultado de problemas de gestión, de desinterés por parte de los responsables políticos en lo público y de falta de inversión. La llamada ineficiencia de lo público no es más que su “abandono”. El siguiente paso, lógico en este planteamiento, es promover la privatización-mercantilización para lograr la “sagrada” eficiencia. Lo expuesto, sin duda, tiene numerosas consecuencias negativas que vemos día a día y que se acentúan: exclusión de personas del acceso a (o uso de) esos bienes y servicios, afectando especialmente a las capas más débiles de la sociedad; incremento de las desigualdades (polarización pobres-ricos); aumento de las situaciones de riesgo social y económico, adelgazamiento de las clases medias; pérdida de control social; vulneración de derechos… La gravedad de este panorama, quizás no valorada en su justa medida por muchos ciudadanos y políticos, hace necesario, vital diríamos, y urgente luchar por recuperar lo público y común (p. ej., cada vez hay más casos de procesos de remunicipalización de los servicios de agua) y por proteger aquellos ámbitos en los que continúan. No se trata de ir contra el mercado, contra la economía de mercado, sino de evitar que acabe generando una sociedad de mercado, una sociedad en la que todo tiene un precio, todo se vende y compra, y en donde los ciudadanos (este concepto tan importante) pasan a ser meros consumidores y clientes de lo que antes era “suyo”. Se trata, en definitiva, de conservar (y reforzar) nuestros bienes comunes y nuestros servicios públicos.

José Antonio Batista Medina es EX SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE. PROFESOR TITULAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA ULL