Los expertos plantean al Gobierno poner fin a la moratoria turística

Reciente reunión del comité de expertos con el Gobierno canario, los cabildos y los ayuntamientos. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El comité de expertos promovido por el Gobierno autonómico para la reforma de las administraciones públicas canarias incluye entre sus múltiples propuestas la de acabar con la moratoria turística promulgada en 2001 y que, tras sucesivas modificaciones legales, en la actualidad prohíbe la construcción de hoteles de menos de cinco estrellas.

Este consejo de sabios, presidido por el catedrático de Economía Aplicada José Luis Rivero Ceballos, considera que, si bien por razones ambientales debe mantenerse la prohibición de clasificar nuevo suelo urbanizable con destino turístico (Ley de Directrices de 2003), en cambio debe derogarse la limitación de nuevas autorizaciones previas para establecimientos alojativos porque “poco tiene que ver con la anterior razón” y es “una barrera que debe ser eliminada” en un momento en que “es preciso favorecer toda iniciativa empresarial y de creación de empleo”.

Así consta en el informe elaborado por expertos en Economía, Empresa y Derecho Administrativo -tanto del ámbito universitario como de los cabildos y la Administración autonómica- entregado ya al Gobierno, a la federación de cabildos (Fecai) y a la de ayuntamientos (Fecam).

Entre sus consideraciones, señala que la concurrencia de tres administraciones públicas (cuatro cuando se requiere autorización de la Demarcación de Costas) en el trámite de un hotel, “complica y dificulta” sacar adelante esta clase de proyectos. De ahí que, a su juicio, sea necesario “facilitar el desarrollo de la actividad turística, superando estas barreras administrativas, regulatorias y procedimentales”.

Otra de las recomendaciones de este comité es la de ordenar las áreas turísticas (identificadas como tales por los planes insulares, incluyendo las mixtas, es decir, también con uso residencial) mediante planes especiales de carácter integral, con tramitación abreviada, y que prevalezcan sobre otras determinaciones de ordenación urbanística contrarias a sus previsiones.

Estos planes especiales correspondería promoverlos y aprobarlos a los ayuntamientos, con informes preceptivos y vinculantes del Gobierno canario y el Cabildo en lo que afecta a sus respectivas competencias. Si así no fuera, el Cabildo correspondiente se subrogaría en esta función, y, si tampoco lo saca adelante, el Ejecutivo canario quedaría facultado para asumir esta competencia.

Ello obedece a que, según el informe que está sobre la mesa de los gobernantes canarios, “el carácter dinámico de la actividad turística, incluyendo la apertura y renovación de establecimientos alojativos, pugna con la rigidez del planeamiento canario” al punto de “bloquear” estos proyectos empresariales.

Sostiene el informe que, derogada la moratoria, deberían también perder su vigencia los planes especiales de ordenación turística de cada isla, cuyo mantenimiento “sólo sirve para dificultar aún más” la construcción de nuevos hoteles y la renovación de los ya obsoletos. Todo este argumentario parte de que el turismo representa cerca del 30% PIB canario y es, por tanto, el motor de la economía canaria.