La Fiscalía fija la culpa del padrón en los encuestadores

N. T. | Santa Cruz de Tenerife

Los incentivos establecidos por ley a los agentes censales que se encargaron de la renovación de los padrones municipales en 1996 son los que, según apunta la Fiscalía Anticorrupción, podría haber llevado a estos encuestadores a la inscripción irregular de 15.000 vecinos en el padrón de Santa Cruz de Tenerife, reconociendo la Fiscalía indicios de delito pero no lo suficiente, puesto que archiva la denuncia presentada por Sí se puede al respecto. Asegura el fiscal que se procede al archivo al no poder identificar a los culpables de un delito que por otro lado está ya prescrito.

Pedro Fernández Arcila y Asunción Frías, concejales de Sí se puede, advierten una enorme ligereza en el contenido del escrito por el que la Fiscalía de Santa Cruz ha decidido archivar la denuncia que ambos ediles presentaron. Motivo por el que, entre otros, han decidido denunciar los mismos hechos ante el Juzgado de Instrucción. Concretamente, los ediles creen que desde el momento en el que el fiscal vio indicios de delito, como se reconoce en el escrito, debió remitir el caso al juzgado, en lugar de argumentar que “no se puede saber con la precisión que exige el derecho penal la autoría de tales hechos”. Arcila considera especialmente grave este razonamiento, “pues es precisamente al juzgado, y no a la Fiscalía, a quien corresponde determinar la autoría”.

Los concejales tampoco entienden que el fiscal se remita a la regulación de los agentes censales del año 1995 como causa del fraude inicial, dado que, de ser así, las supuestas irregularidades que cometieron los agentes se habrían dado de manera masiva en todos los municipios del Estado español, cosa que no ocurrió.

Además, el fiscal señala por una parte que algunos de los presuntos delitos eran continuados, pero a renglón seguido añade que ya han prescrito; sin embargo, no indica en su escrito en qué momento cesaron esos delitos continuados, por lo que los denunciantes no pueden saber en qué se basa el fiscal para afirmar que estos actos han prescrito. Igualmente, los ediles se muestran extrañados de que se ignora la desaparición de las hojas padronales de 6.907 inscripciones.