Tendrán que perdonarme que esta esquina se afile por momentos y se me escapen, como si de una crisis se tratara, algunos exabruptos, más propios de la desesperación que del razonado argumento. Pero es que es insostenible el lugar en el que están quedando numerosísimos dependientes canarios. ¿Quién no tiene un familiar o conoce a un vecino con alguno que no puede vivir solo? Esto es, personas con derechos humanos que, además de no saber qué pasará con ellos cuando sus allegados ya no puedan cuidarlos o simplemente mueran, sufren cada día la absoluta indefensión y abandono de las administraciones públicas. Familias enteras que han tenido que conformarse con vivir no ya solo por debajo de cualquier índice recomendable de la pobreza extrema, sino que, también, y como si fuera algo de su sola incumbencia, cuidan las 24 horas del día (y no es una exageración: repito, 24 horas al día) de sus hijos, madres o padres frágiles, personas cuyo único delito para el absoluto abandono consiste en que no son iguales al 80% de los restantes humanos que habitamos este planeta, e incluso esta tierra tan poco nuestra que se llama Canarias. ¿Cómo es posible que atendamos antes necesidades tan prescindibles como fiestas y jolgorios variados? ¿Qué le podemos contar nosotros, partícipes por acción u omisión, a nuestros hijos de la solidaridad o la corresponsabilidad con los más vulnerables? ¿Cuántas veces nos conformamos con la caridad como terapia, en vez de exigir que los dependientes, por ley, no son sólo responsabilidad de sus familias, sino que son dependientes que la sociedad debe amparar y cuidar? La Ley de Dependencia, que consagra el derecho subjetivo (quiere decir que no está sujeto a disponibilidad presupuestaria), que se tiene que dar sí o sí, la hemos dejado olvidada en un rincón plagado de telarañas de vergüenza, sepultada entre miradas para otro lado y diferentes modalidades del “vuelva usted dentro de no le puedo decir cuánto”, mientras que las familias, auténticas sufridoras de la dependencia de los suyos, además de perder las ayudas que tenían para cuidarlos, o en el caso de Canarias (con la aplicación de sólo el 0,5% de la citada ley) que nunca la han recibido, encima ni siquiera salgan a buscar empleo porque no pueden dejarlos solos. ¿Es justo? ¿Es normal que haya familias de segunda y familias como éstas que están aún muy por debajo de las clasificaciones de fragilidad? No, no es justo.