El Gobierno local decide abrir un expediente sancionador a Aqualia

El Ayuntamiento instaló bidones de agua para los vecinos tras la rotura en el depósito de La Vera. / MOISÉS PÉREZ

GABRIELA GULESSERIAN | Puerto de la Cruz

La noticia anunciada ayer por el concejal de Concesiones Administrativas de Puerto de la Cruz, Lope Afonso (PP), fue para muchos una sorpresa: el Ayuntamiento decidió abrir un expediente sancionador a la empresa concesionaria del servicio de agua potable, Aqualia, por entender “que puede haber motivos imputables al no garantizar la calidad del suministro, tras iniciar previamente tres expedientes informativos y recibir los informes de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno canario con las consiguientes restricciones en el consumo”.

Afonso realizó estas declaraciones como consecuencia de la moción presentada por el grupo de Vecinos por el Puerto (VxP) para que se demande a Aqualia que cumpla el contrato de concesión y repare el depósito de agua de La Vera, donde hace casi 20 meses se produjo un incidente que obligó al cierre y a continuos cortes de agua, además de otros problemas relacionados con la calidad del servicio.
La propuesta, que contó con el rechazo del grupo de gobierno (CC-PP) y el apoyo del resto de la oposición, Partido Socialista (PSOE) e Izquierda Unida Canaria (IUC), desencadenó, como ya es costumbre en los plenos portuenses, en un debate salpicado de acusaciones y reproches de todas las partes que ya venían incluso de asuntos anteriores.

El portavoz de VxP, Jaime Coello, acusó al Ejecutivo municipal de tener “mucha paciencia” con la empresa y de no defender los intereses de los portuenses al no denunciar un “incumplimiento manifiesto del pliego de condiciones” del servicio ante la Justicia y advirtió que acudirá a los tribunales si no se defienden los intereses de los vecinos. Por último, acusó a CC-PP de haber mentido sobre la consulta que se había realizado al Consejo Consultivo para dirimir a quién le corresponde asumir el costo de los filtros en los depósitos de Mar Dulce y La Montaña, un paso que “nunca” se dio.

Lope Afonso sostuvo que la propuesta de VxP “no tenía rigor jurídico y era oportunista”, ya que aludía solamente a un apartado del pliego de condiciones firmado con la empresa en 1991 que “faculta al concesionario repercutir en la tarifa al usuario si entiende que hay un perjuicio”.

Por este motivo, y para no perder más tiempo, el Ayuntamiento decidió asumir los 480.000 euros que supone el coste de los filtros hasta que el Consejo Consultivo determine a quién le corresponde la financiación. Al respecto, desmintió que haya asegurado que el informe a este organismo se había remitido “sino que se iba a hacer”.

El alcalde, Marcos Brito, acusó a Coello de ser “un farsante político” y de “manipular” a los vecinos al tiempo que negó “connivencia” con ninguna concesionaria. “Hay un enigma con la turbidez del agua que no se ha explicado”, sostuvo el alcalde, y aseguró que el único objetivo del Gobierno es que los vecinos de los barrios afectados reciban un mejor servicio lo antes posible.

El concejal del PSOE Guillermo Pastor apuntó que la empresa concesionaria tiene la obligación de informar sobre el estado de los depósitos y sin embargo, no lo había hecho. Pese a que defendió que el Ayuntamiento costee los dos filtros, declaró que en el caso del depósito de La Vera su grupo “no podía permitir que el gasto corra a cargo de las arcas municipales”.

Por su parte, el portavoz de IUC, Jonás González, opinó que el Ayuntamiento debe rescatar el servicio ya que los intereses de la empresa son diferentes a los que tiene el Ayuntamiento.

Durante las cinco horas que duró la sesión, sólo se aprobó una moción de los grupos de la oposición de las 11 presentadas.