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Jesús Oliva: “Los bancos tienen que pagar las comunidades como otro vecino”

   
Jesús Oliva

Jesús Oliva, presidente del Colegio de Administradores de Fincas. / DA

M. FRESNO | Santa Cruz de Tenerife

Los bancos se han convertido en los mayores morosos de las comunidades de vecinos. Desde que las entidades financieras comenzaron a quedarse con viviendas debido a que sus propietarios no pueden pagar las hipotecas, las deudas de las comunidades de propietarios no han hecho sino crecer.

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Oliva, así lo denunció a este periódico y reclamó a las entidades bancarias que paguen con la misma diligencia que tienen al cobrar. “Los bancos, al igual que cualquier vecino, tienen el deber de pagar el recibo de la comunidad”, matizó. De hecho, el no hacerlo, “está perjudicando mucho a algunas comunidades” ya que, declaró, “casi todas tienen alguna vivienda embargada por el banco”.

Oliva explicó que antes de comenzar la crisis, los edificios tenían al “típico” moroso que no pagaba “porque no le daba la gana”. Ahora, “nos encontramos con el vecino que no paga el recibo porque realmente no puede. A este se le une el que no abona la comunidad porque está en proceso de embargo y mientras vive en la casa no paga ni él ni el banco. Y después está la entidad bancaria que se adentra en una burocracia excesiva y al final o no paga o paga tarde, provocando un enorme perjuicio a todos los vecinos”, indicó.

LAS ITV DE INMUEBLES

Además de para llevar las cuentas al día, a las comunidades de propietarios les perjudica el hecho de que existan morosos en los edificios porque, por ejemplo, “no se podrían realizar las obras de las inspecciones técnicas de los ayuntamientos”.

En este sentido, Oliva reconoció que la situación económica actual es “mala”, pero declaró no entender los motivos por los que ayuntamientos, como el de La Laguna, han demorado en cinco ocasiones la normativa para poner en marcha las ITV de los edificios. “Se trata de una normativa esencial porque los edificios se van haciendo cada vez más viejos y la prueba es que a diario vemos vallas en las calles porque se caen bloques y con estas obras lo que queremos evitar es precisamente esto”.

Oliva insistió que es un gasto que “hay que hacer” y que “cuanto más se tarde más caro será”. De igual forma, reclamó una ley autonómica en esta materia porque señaló que no es explicable que, por ejemplo, esta ITV se lleve a cabo en Santa Cruz para viviendas de más de 50 años, en La Laguna de más de 25 y en Arona o Candelaria de 10 o 15. Lo más razonable es que se fije un plazo a nivel autonómico y así se someten a esta normativa por igual una vivienda de Frontera como otra de Santa Cruz”.

En cuanto a las nuevas normas fiscales que afectan a las comunidades de propietarios, Oliva valoró el nuevo modelo 347 que obliga a las comunidades que realicen operaciones económicas con terceras personas que superen los 3.005,6 euros a declararlo. “Esto nos lleva a una mejor profesionalidad por parte de la administración de la comunidad y lo apoyamos porque entendemos que es una buena fórmula para corregir el fraude fiscal”, concluye.

“Me marcho tras 16 años”

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife también admitió que “ya es hora para la sabia nueva” y declaró que no se presentará a la reelección. El próximo 11 de marzo se producirán las elecciones para renovar parte de la Junta Directiva del Colegio y “después de 16 años en la Presidencia de esta institución y de otros 16 ocupando otros cargos de responsabilidad ha llegado el momento de que otros, más jóvenes y como muchas ganas cojan el timón”. Jesús Oliva también anunció que algunos miembros de la Junta Directiva que no les toca renovar este año también han decidido dar un paso a un lado y abandonar su cargo.

Jesús Oliva también pidió ayer al Ayuntamiento de Santa Cruz que tome “conciencia” de la situación por la que están pasando muchas comunidades y trate de evitar que Emmasa cobre el precio tan elevado de 294 euros por los contadores contra incendios que “no se utilizan”. “Creemos que pagar 2.000 euros anuales por unos contadores que ni los bomberos usan porque se nutren, en caso de un incendio, de sus propias cubas no es de recibo”, declaró el presidente.