El macrojuicio, en peligro de ser anulado a cuenta de las escuchas

La sala 12 del Palacio de Justicia, abarrotada con motivo de este proceso, ayer en Santa Cruz. | JAVIER GANIVET

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

El macrojuicio por la narcopatera que acabó descubriendo una armería ilegal en Santa Cruz de Tenerife corre peligro de ser anulado ante la posible nulidad de al menos parte de las escuchas telefónicas.

Así se desprende de la jornada inicial de este proceso que celebra la Sección Quinta de la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife, dado que el propio magistrado cambió de parecer durante la misma y anunció que decidiría al respecto antes de la reanudación de la vista (prevista para el próximo día 17) y hasta la Fiscalía reconoció sus dudas acerca de la legalidad de las prórrogas de algunos de estos pinchazos.

Todo ello se debe a la labor incisiva de hasta 14 abogados defensores que, en ocasiones de forma conjunta y en otras individualmente, plantearon una batería de alegaciones en defensa de los veinte acusados, para los que se les piden penas de cárcel que oscilan entre los 12 y los tres años de prisión a cuenta de la supuesta comisión de distintas modalidades de delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) así como tenencia ilícita de armas y otro más de depósito de armas y municiones. Mientras el tribunal decide si alguna de las cuestiones planteadas por las defensas invalida toda o parte de la actuación policial y judicial efectuada, sepan que entre los argumentos manejados por las defensas figura la referida vulneración del secreto a las comunicaciones. Entienden varios de los abogados que ni el oficio remitido por la Guardia Civil solicitando al Instructor las intervenciones telefónicas, ni el auto dictado por el juez que permitía las mismas recogen los requisitos legales establecidos.

Un punto especialmente delicado (por experiencia de procesos anteriores) es la posible ausencia de control judicial por parte del instructor de la investigación por falta de entrega de los CD de audio en el momento de remitir la Guardia Civil los informes de evolución de la investigación.
También destacó entre las alegaciones la posible ilegalidad de la entrada en un piso que dio pie al resto de actuaciones.

Como recordarán los lectores, la causa deviene de una narcopatera arribada a la costa lagunera que fue interceptada y en la que se decomisaron hasta 1.167 kilos de hachís. Tirando del hilo (siempre la versión de la Fiscalía), los investigadores descubrieron una armería ilegal en la capital tinerfeña donde se incautaron de unas 75 armas y en la que el aljibe era la sala de tiro.