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El proyecto de la ley canaria antidesahucios tiene grietas

   
Javier González Ortiz, consejero de Economía y Hacienda. / DA

Javier González Ortiz, consejero de Economía y Hacienda. / DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Los técnicos de la Consejería de Economía y Hacienda han descubierto grietas en los pilares de la reforma de la Ley de Vivienda de Canarias, más conocida como antidesahucios. De hecho, el edificio se tambalea.

Cuando, en noviembre, el Gobierno regional envió el proyecto al Parlamento ocultó tres demoledores informes desfavorables elaborados por la Dirección General de Planificación y Presupuestos. Fueron emitidos en septiembre, pero su registro en la Cámara lleva fecha del 29 de enero. La principal conclusión es que no hay dinero a medio plazo (2014-2016). A ese inconveniente se añaden las dudas jurídicas derivadas de la suspensión cautelar de la normativa andaluza, al admitir a trámite el Tribunal Constitucional el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy por apropiarse, supuestamente, del derecho a la propiedad privada.

Aunque el texto canario reproduce casi al pie de la letra los artículos más conflictivos, la consejera Inés Rojas se asoma a la ventana para pregonar que el Ejecutivo de Paulino Rivero sigue manos a la obra para “proteger a las familias en riesgo de exclusión”. Sin embargo, la cohesión no es de hormigón. Si las paredes hablaran saldrían a la luz las discusiones entre lo inquilinos de la casa común nacionalista. Los tabiques son tan finos que las discrepancias han llegado a oídos de sus vecinos socialistas.

Para hoy hay fijada una reunión del grupo que conforman CC-PNC-CCN a fin de tratar precisamente este asunto. El sector menos apegado a Rivero es partidario de hacer un alto hasta conocer la sentencia del TC para “no hacer el ridículo”. En la antesala del poder, hay quien se echa las manos a la cabeza ante la “cabezonería” del arquitecto.

Entretanto, la oposición no se queda de brazos cruzados. En concreto, Nueva Canarias ya ha solicitado la comparecencia de Rojas. Román Rodríguez sale al paso para denunciar que el proyecto de ley está hipotecado. El portavoz de NC tacha de “irresponsable” al Ejecutivo por “obviar en los presupuestos las consecuencias de la modificación”. Es lo que tiene empezar a construir el edificio por la azotea.

Paradójicamente, el departamento dependiente de la consejería de Javier González Ortiz hace la vista gorda a “unos gastos [17,3 millones al año] que arriesgan el cumplimiento de los objetivos de estabilidad”. Según las fuentes consultadas por este periódico, se trata de un cálculo “erróneo” de la jefa del servicio de Planificación y Gestión Económica del Instituto Canario de la Vivienda, cuyo “resultado real” es de 8.685.903,3 euros.

Esta regulación incide en “la urgencia de incluir en el mercado el amplio parque de viviendas desocupadas” y que personas jurídicas, en especial, entidades financieras y filiales inmobiliarias”, guardan bajo llave.

La legislación enumera medidas inspectoras y sancionadoras orientadas a observar “el deber de destinar de forma efectiva la vivienda al uso habitacional”.