La reforma del Estatuto abre la vía a consultas de iniciativa ciudadana
El Parlamento de Canarias inició en enero pasado la tramitación de la reforma del Estatuto. / JAVIER GANIVET
VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que tramita el Parlamento regional incluye nuevos mecanismos de participación ciudadana, como la posibilidad de que los canarios propongan consultas populares (como la promovida por el Ejecutivo regional para los sondeos petroleros frente a las islas orientales), si bien, con el actual marco jurídico, tendrían que ser autorizadas por el Gobierno estatal.
Así, el artículo 30 de la propuesta de nuevo Estatuto presentada por el Gobierno regional (CC-PSOE) daría derecho a los ciudadanos del Archipiélago “a promover la convocatoria de consultas populares en el ámbito espacial de Canarias, así como a participar en ellas”. En relación con este derecho, el documento recoge que el presidente del Gobierno canario “podrá proponer por iniciativa propia o a solicitud de la ciudadanía, de conformidad con las leyes, la celebración de consultas populares sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales”.
Otra novedad planteada en el texto que apoyan los grupos nacionalista y socialista es la de someter a referéndum las propias reformas del Estatuto, que sería el último paso para que pudiera entrar en vigor. De esta manera, el procedimiento para cambiar la ley de leyes canaria comenzaría a iniciativa del Gobierno o el Parlamento autonómicos (en este caso a propuesta de una quinta parte de los diputados), requeriría luego de su aprobación por tres quintos de la Cámara regional, posteriormente debería obtener el visto bueno de las Cortes Generales mediante ley orgánica, y, finalmente, tendría que celebrarse un referéndum en el Archipiélago.
En todo caso, los referendos siempre deberán autorizarlos el Gobierno estatal, pues, según el artículo 107 del texto a debate, que regula la participación ciudadana, la Comunidad Autónoma tendría competencia exclusiva para regular la convocatoria de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento análogo de consulta popular, “con la excepción del referéndum”.
El trámite parlamentario de esta reforma de la Carta Magna canaria comenzó en enero, con el rechazo del PP, alegando que no es oportuna ni prioritaria porque no resuelve los problemas económicos y sociales, e incluso anunció que su grupo se ausentará por ello de la ponencia parlamentaria que debatirá el texto para remitirlo de nuevo al pleno de la Cámara autonómica.
Fernando Ríos: “Se apuesta por la participación”
El comisionado del Ejecutivo canario para el Desarrollo del Autogobierno y las Relaciones Institucionales, Fernando Ríos, destaca que el nuevo Estatuto de Autonomía propuesto supone “apostar fuertemente por la participación ciudadana, dando muchos más instrumentos para ello, en línea con la democracia participativa propia del siglo XXI”. Unas herramientas de las que no se dotó la Constitución Española, “porque era hija del siglo XX, pero en estas cuatro últimas décadas se ha producido un a maduración institucional, y la sociedad tiene además ansias de participar más en los asuntos públicos”.
Para el alto cargo del Gobierno canario, “la democracia no puede ser solo el voto cada cuatro años, con partidos con listas cerradas, y los elegidos toman todas las decisiones”. “Estamos en un nuevo siglo, con una nueva teoría política, que da un paso más allá de la democracia orgánica representativa para que sea una democracia participativa, algo ya posible porque existe una cultura democrática asentada, y los ciudadanos demandan poder tomar muchas más decisiones”. En este sentido, Ríos considera también fundamental la prevista ley de transparencia que elabora el Gobierno regional.
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