X
SANTA ÚRSULA >

Un solo juzgado investigará las denuncias contra Milagros Pérez

   
Milagros Pérez, alcaldesa de Santa Úrsula. / MOISÉS PÉREZ

Un trabajador y los rebeldes denunciaron a la regidora local. / M. PÉREZ

GABRIELA GULESSERIAN | Santa Úrsula

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ve identidad entre las dos denuncias presentadas contra la alcaldesa de Santa Úrsula, Milagros Pérez (PP) en 2012 por la supuesta contratación ilegal de trabajadores y por lo tanto, será el Juzgado de Instrucción Número 1 de la Orotava el que investigará ambas dado que ya instruye diligencias por estos hechos.

La primera denuncia fue interpuesta por un trabajador contratado que incluso ya no está en el Ayuntamiento y alude a una veintena de contratos presuntamente ilegales que no pasaron por el proceso selectivo legalmente establecido, basado en los principios de mérito, capacidad y publicidad, que establece la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y que le costaron un total de 170.000 euros a las arcas municipales.

La segunda denuncia, interpuesta meses después por los seis concejales rebeldes del PP, se hizo por la contratación de prestaciones de servicios de tres personas, un capataz agrícola, un arquitecto técnico y un técnico de ciclomotor, “con el absoluto desprecio de las normas existentes para su realización, con informes contrarios del secretario municipal, realizadas por el primer teniente de alcalde, Víctor Hernández Barroso (PSOE), y certificados por la regidora municipal”, según consta en el informe emitido por la Fiscalía al Juzgado de Instrucción Número 1 de La Orotava. Todas estas contrataciones, añade el informe, se realizaron sin el consentimiento del entonces concejal de Empleo, Juan Jorge Afonso.

IRREGULARIDADES

Pero además, se amplió la información manifestando que existían en el Ayuntamiento “varios decretos de pago con informe negativo del interventor y otros de la secretaria y que sin embargo han sido satisfechos que se adjuntaron al procedimiento” y “que pudieran contener irregularidades en los mismos susceptibles de ser tipificados penalmente”.

La Fiscalía considera que existe “identidad entre uno y otro procedimiento, tanto en las personas contratadas como en la forma de realización y sus posibles responsables”, por lo que hace necesario que se investigue por parte del Juzgado Instrucción Número 1 de La Orotava, donde la alcaldesa y su socio de gobierno ya fueron citados a declarar.