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11-M – Por Leopoldo Fernández

   

Parece que fue ayer. Pero han pasado 10 años desde los terribles atentados del 11-M. Un periodo quizás demasiado corto para que cicatricen todas las heridas que sufrió la nación española. Lo más duro de asumir, además del daño causado en el más grave atentado terrorista de la historia de España -192 muertos y 1.856 heridos, de éstos 89 con graves incapacidades físicas-, es la permanencia de las mismas incógnitas de entonces: quién lo dispuso, por qué lo hizo y con qué finalidad. Aunque está probado que los autores se movían en el entorno de Al Qaeda y que la preparación del crimen se efectuó con mucha antelación a la convocatoria electoral prevista para el 14-M -lo que echa por tierra conspiraciones imaginarias y bulos de toda laya-, continúan algunas sombras de sospecha en torno al fondo del criminal ataque a los trenes. Por ejemplo, la furgoneta hallada en Alcalá de Henares, el origen de los explosivos, la mochila con una bomba sin detonar que nadie había visto antes y que apareció 18 horas después de los atentados en una comisaría de Vallecas, las actuaciones poco profesionales de los Tedax, la destrucción a los tres días de los hechos de los restos de los trenes afectados, la falta de autopsia para los siete suicidas de Leganés… Es obvio que se produjeron clamorosos fallos de seguridad, lecturas interesadas por parte del gobierno de entonces, como la inmediata atribución del delito a ETA -y que le costarían la pérdida del poder por gravísimos errores de cálculo y de gestión de la crisis por parte de Aznar-, y graves desacuerdos entre la clase política que lamentablemente aún permanecen, pese a la necesidad de unir fuerzas ante la amenaza del terrorismo yihadista y el riesgo objetivo de posibles nuevos atentados. La Audiencia Nacional castigó a 21 de los 29 acusados que se sentaron en el banquillo, entre ellos un único autor de la colocación de las 13 bombas en los tres trenes de la conjura, según la sentencia. Las familias de las víctimas y los heridos han recibido algo más de 318 millones de euros como compensación por los efectos del ataque terrorista, en tanto cinco de los condenados han cumplido ya sus penas y han sido puestos en libertad. Desde entonces, han sido detenidos 427 presuntos islamistas radicales y siguen abiertas tres causas judiciales en relación con los atentados. Sería deseable que, al recordar a las víctimas en tan dramático y señalado aniversario, todo el país, con sus dirigentes políticos a la cabeza, se uniera para la defensa de la causa de la libertad y la convivencia pacífica, por encima de matices y diferendos. La constatada existencia de un enemigo fanático y criminal debería ser el mejor argumento para aliarnos y fortalecernos contra quien sólo busca nuestra destrucción.