Ampliación de la justicia gratuita – Por Marta Gómez Toledo

El pasado 21 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de justicia gratuita, que aumenta los beneficiarios que pueden ampararse a este servicio. A partir de ahora serán también beneficiarios de la justicia gratuita, independientemente de sus ingresos, las asociaciones de víctimas del terrorismo, las de consumidores y usuarios, las de discapacitados, los sindicatos y representantes de los trabajadores, Cruz Roja, las entidades gestoras de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo. La nueva normativa fija el umbral para poder acceder a esta justicia gratuita en función de los miembros de la unidad familiar en que se encuentre el solicitante:     una persona 2 veces el IPREM (12.780,00 euros), dos o tres miembros 2,5 veces el IPREM (15.975,33 euros), y en el caso de cuatro miembros 3 veces el IPREM (19.170,39 euros). El umbral se situará en dos veces el IPREM cuando el solicitante no forme parte de una unidad familiar. Con la aprobación del texto normativo se eleva la frontera para que puedan incorporarse a esta prestación las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones. Anteriormente, para poder acceder a este servicio, debían albergar unos beneficios anuales inferiores a tres veces el IPREM (19.170), en cambio, a partir de ahora tendrán derecho si sus beneficios anuales son inferiores a cinco veces el IPREM (31.950). Con independencia de sus rentas, los colectivos comprendidos en la justicia gratuita son las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, así como los menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos. También tendrán derecho a la referida justicia gratuita las víctimas de accidentes con secuelas permanentes que reclamen indemnizaciones por los daños sufridos. Asimismo, se prevé que, si en el plazo de cuatro años el beneficiario pasa a tener unos ingresos superiores al doble del umbral por el que en su día tuvo derecho a la justicia gratuita, la parte contraria podrá reclamarle los costes que le fueron impuestos.

Marta Gómez Toledo de *GÓMEZ TOLEDO
ABOGADOS-HISPAJURIS