Un año sin Chávez / 2 – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

Terminaba mi anterior comentario dominical con un breve apunte sobre los principales problemas que afrontan las autoridades de Venezuela. Me refería también a la progresiva extensión de las protestas ciudadanas y señalaba que en mi opinión el tiempo juega a favor del gobierno por el aparente hastío de tantas y tan seguidas manifestaciones, que en realidad son diarias desde el 12 de febrero. Según los últimos datos conocidos, en ellas se han producido ya 28 muertos, más de 700 heridos y los detenidos superan los 2.150, la mayoría de los cuales han sido puestos a disposición judicial.

Durante esta semana, la situación interna del país ha empeorado notablemente, tanto en el plano del abastecimiento de productos alimenticios (para los que el presidente Maduro ha anunciado una llamada tarjeta de abastecimiento seguro -en realidad de racionamiento, al estilo de la existente en Cuba desde 1962, que permitirá adquirir productos básicos de la cesta de la compra cada ocho días) como en el del orden público, alterado constantemente en más de 2.500 ciudades y pueblos por ataques de grupos paramilitares, manifestaciones, concentraciones, caceroladas, barricadas, cortes de tráfico y comunicaciones y protestas varias.

Delatores y paramilitares

El contrabando domina la distribución alimentaria en el país. Según algunos cálculos, antes de su reparto por los supermercados del país, un tercio de las importaciones sale de Venezuela, a través de las fronteras de los países vecinos, en una inmensa procesión de fraude consentida desde las instancias militares, que a la postre se benefician de ella. En lo que respecta a las manifestaciones antigubernamentales, sólo en un mes, entre el 12 de febrero y el 12 de marzo, se registraron 2.248, con un crecimiento del 400,5% sobre igual periodo del año anterior.

Han hecho aparición en distintos distritos de algunas capitales carteles en los que, también al más puro estilo castrista, se invita a denunciar a los “traidores de la revolución bolivariana”, para lo que se ofrece inmunidad y se facilitan números de teléfono a los que llamar. Han trascendido ya algunas denuncias, así como numerosos allanamientos de viviendas particulares sin orden judicial, la mayor parte de las veces a cargo de grupos paramilitares violentos, procedentes de los Guardianes del Pueblo, los Círculos Bolivarianos, los Colectivos Populares, las Unidades de Batalla y otros.

Estos mismos grupos, a veces acompañados de funcionarios policiales o de la Guardia Nacional, han asaltado ocho centros universitarios de la capital y otras ciudades provincianas, en los que sembraron el terror, agredieron a profesores y estudiantes, causaron heridos y daños materiales, destrozaron vehículos, robaron algunos artículos, etc. Con esos actos tratan de amedrentar a los estudiantes, que se hallan al frente de las protestas ciudadanas, tal y como reconoce la Universidad Central de Venezuela en un durísimo comunicado en el que denuncia hasta 74 ataques al recinto universitario desde 2008, por sus críticas hacia el chavismo

Explicaciones y carencias

Para restar importancia a estas actuaciones, y negar que tengan que ver con la violencia imperante, el presidente Maduro ha declarado que “los colectivos son parte de la diversidad social del chavismo. Tomaron las armas para establecer formas de defensa popular contra la delincuencia y el narcotráfico”. Y añadió que a los (también llamados) “tupamaros los han demonizado… son una expresión organizativa de Venezuela… en caso de invasión saldrían como hormigas a defender el país”.

La realidad es que en el país hermano existen unas 1.500 bandas paramilitares organizadas y armadas por el chavismo, del que reciben órdenes, que vienen a ser como una quinta columna frente a los críticos del sistema. Con ellas, se trata de asegurar la revolución bolivariana, por las buenas o por las malas, poco importa la violación sistemática de los derechos humanos desde el poder o por estos grupos creados a modo de células clandestinas que se ponen en marcha al toque de corneta del gerifalte de turno, últimamente para enfrentarse a los manifestantes universitarios.

Coincidiendo con el día del médico, la organización Médicos por la Salud ha denunciado la falta de material quirúrgico -algodón, sondas, catéteres, alcohol, jeringuillas, etc.- en numerosos hospitales. Para el presidente de la Federación Médica Venezolana, “el país está en emergencia sanitaria”. Sólo en los últimos seis meses “han muerto 235 pacientes con problemas cardiovasculares a los que no se ha podido operar por falta de material médico”. A causa de estos problemas, el Hospital Clínico Universitario ha decidido suspender consultas y operaciones por tiempo indeterminado.

Mediación internacional

Los problemas sanitarios son, entre otros, una prueba irrefutable del agotamiento y descomposición del régimen chavista, como lo es la necesidad de importar gasolina para poder abastecer a la población y evitar así la indignación de los automovilistas, afectados también, como los consumidores en general, por la amplitud y profundidad de la crisis que vive Venezuela. O la pérdida de 600 toneladas de alimentos frescos y 50 de medicinas, en el primer caso por abandono en unos almacenes donde se pudrieron y en el segundo, por descuido. Y de la que también son reflejo los cada vez más frecuentes apagones eléctricos o, como recogen las encuestas, el cansancio de la sociedad civil y la percepción por ocho de cada diez venezolanos de que se sienten “agobiados” por la gravedad de los problemas sociales y económicos del país. Y dos datos estremecedores divulgados esta semana: el 92% de los 24.700 homicidios cometidos el pasado año en el país siguen impunes y desde que el chavismo conquistó el poder, más de 150.000 ciudadanos han sido asesinado.

En este clima, Maduro, que se encuentra, al parecer, muy solo y es criticado duramente por el oficialismo y por la milicia, quema sus últimos cartuchos. Ofrece diálogo pero sirve represión. Ningún líder opositor quiere hablar con él. Nadie se fía de sus tretas y sus impulsos ideológicos castrocomunistas, mientras por el país se extiende el malestar, lo mismo que sus amenazas: “Que lo sepa el mundo. Estamos decididos a todo y profundizaríamos esta revolución hasta más allá de los límites que se han conocido”. Sin el carisma ni la cintura política de Chávez, Maduro puede ser “suplantado por una junta de gobierno antes de ocho semanas”, según el exasesor de su antecesor, el sociólogo alemán e inventor de la expresión socialismo del siglo XXI, Heiz Dieterich. Y ha añadido: “Su política lleva indudablemente al fin de la era bolivariana. No tiene ni conceptos ni instrumentos para modernizar el país”. La cuestión es bastante compleja bajo el punto de vista jurídico, aunque prácticamente todos coinciden en que el país necesita una salida urgente para no desangrarse ni polarizarse más aún.

Criticado por el chavismo y despreciado por los militares, con el todopoderoso Diosdado Cabello, teórico número uno del régimen y presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro va a ser denunciado ante la Relatoría contra la Tortura de la ONU, por uso excesivo de la fuerza, y ante varios organismos de derechos humanos por la violación sistemática de éstos, según diputados de 13 países pertenecientes a la Alianza Parlamentaria Democrática de América. También se anuncian denuncias ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad.

Estos días se han puesto en marcha dos iniciativas para tratar de mediar entre gobierno y oposición. Una, que está en veremos, la integran Felipe González, el presidente colombiano Santos y el expresidente Gaviria y los expresidentes brasileños Cardoso y Lula da Silva. La otra la forman los cancilleres de Unasur, la comunidad política y económica que agrupa a doce países suramericanos, que llegará a Caracas a finales de este mes ante la posible celebración de una pretendida Conferencia Nacional de Paz. La oposición no se ha pronunciado aún sobre su asistencia, al no recibir las mínimas garantías de receptividad por parte de Maduro y lo que califican de sistemáticas actuaciones represivas, irrespetuosas e intolerantes.

Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca