Un año sin Chávez/1 – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

El primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez ha coincidido con un periodo de revueltas populares surgidas precisamente como protesta por la herencia que dejó la disparatada política económica del fallecido presidente venezolano y que su sucesor ha empeorado aún más. Ese legado se traduce en la falta de productos básicos de la cesta de la compra (aceite, leche, azúcar, huevos, carnes, arroz, harinas, café, pan, etc.), además de otros de primera necesidad como medicinas, papel higiénico, pasta de dientes, gas butano y repuestos para montones de artículos, desde bombillas y baterías de coches a electrodomésticos.

El retrato de la Venezuela de hoy lo reflejan esas colas interminables, a veces con hasta cinco y seis horas de espera, que se crean ante supermercados y establecimientos de venta de productos alimentarios, en los que cuando llega el turno no se sabe si habrá existencias de lo que se demanda o, en el mejor de los casos, se podrá recoger una unidad de medida del género que sea, porque el racionamiento ha llegado también a ese extremo. Ni Mercal, ni Pdval, ni Abastos Bicentenario -las empresas estatales importadoras y abastecedoras de mercancías perecederas- son capaces de atender las necesidades ciudadanas. El Estado convertido en importador de todo tipo de productos en sustitución de la, para el chavismo, perseguible y denostada iniciativa privada es un monstruo con pies de barro alrededor del cual se mueven las mafias de la incompetencia, la especulación y el beneficio ilícito.

Fracasos y deudas

Para el oficialismo ramplón, cualquier dislate es achacable a la “derecha fascista”, “la burguesía explotadora” o el “imperio norteamericano”. No existe la menor autocrítica, ninguna culpa en las corruptas filas del chavismo. Desde 1999, coincidiendo con la invasión de tierras y propiedades -que dieron lugar a la ocupación sin indemnización de casi tres millones de hectáreas en plena producción-, han sido expropiadas unas 1.200 empresas vinculadas directa o indirectamente al sector alimentario; otras 200 cesaron en su actividad por efecto directo de la medida nacionalizadora y 800 más han cerrado ante la inviabilidad del negocio y a causa de problemas insuperables a la hora de operar, por imposiciones o restricciones de la administración pública.

Entre las sociedades expropiadas figura la probablemente más importante del sector, Agroisleña, una firma de gran éxito con sucursales en todo el país, promovida hace 52 años por el empresario de origen gomero Enrique Fraga Afonso, que asistía a más de 200.000 pequeños agricultores y ganaderos a los que suministraba todo tipo de artículos, compraba sus producciones y hasta les adelantaba financiación. Hoy llamada Agropatria, ha caído en picado y se aventura que en breve podría cerrar. Ninguna de las firmas expropiadas ha recibido compensación económica; por el contrario, las reclamaciones duermen el sueño de los justos, incluso las presentadas -como ha ocurrido en algunos casos con ciudadanos españoles- por vía diplomática.

Con estos procedimientos, el daño causado en el tejido empresarial es enorme -de hecho, la producción nacional agraria ha caído un 60% en los últimos 15 años-, por no hablar de la inseguridad jurídica y los problemas derivados de una práctica que perjudica la imagen del país y retrae cualquier proyecto inversor extranjero. Para su abastecimiento alimentario, Venezuela debe importar más del 80% de sus necesidades. Con una política disparatada sobre control de precios y divisas, el gobierno ha puesto en fuga a cientos y cientos de pequeños empresarios, que se sienten perseguidos y aplastados por la demagogia populista del régimen.

Ayer mismo, el Gobierno anunció una próxima y profunda revisión de precios, que se cree podría afectar también a los de la gasolina, equivalentes a 0,013 centavos de dólar por litro -que permanecen invariables desde hace 25 años, lo que supone al Estado, considerando los costes de producción, más de 20.000 millones de dólares de déficit anual- y la fijación de dos nuevos tipos de cambio para el dólar, que en el mercado negro se paga de 10 a 12 veces más, dada la escasez de divisas y las necesidades de importación, satisfechas según el grado de afinidad del solicitante con el movimiento chavista. Los dueños de los periódicos críticos con el oficialismo lo están pasando muy mal y han tenido que reducir páginas -en varios casos incluso han cerrado el negocio- porque el ejecutivo les niega las divisas para importar papel. Con anterioridad, y apoyándose en la Ley Habilitante que el chavismo sacó adelante en la Asamblea Nacional gracias a la compra del voto de un diputado opositor, el presidente Maduro ya había implantado una política limitadora de precios y de ganancias empresariales que no está dando los resultados que se esperaban.

De mal en peor

Desde la enfermedad de Chávez, la moneda se ha devaluado más de un 35%, las reservas de divisas han caído un 25% y la producción y explotación petrolera se encuentra en niveles de hace 10 años, con algo menos de tres millones de barriles diarios. La razón radica en la obsolescencia tecnológica de los equipos extractivos y la falta de inversiones para mejorar la explotación de los pozos. El país debe actualmente unos 90.000 millones de dólares, una cifra a la que es obligado añadir la de la petrolera Pdvesa, que supera los 250.000 millones, siete veces más que la existente a la llegada de Chávez al poder, hace casi 15 años. Sólo a China, Venezuela le debe casi 40.000 millones de dólares, que le son devueltos en petróleo, a base de unos 240.000 barriles diarios. Como promedio, otros 100.000 son entregados cada día a Cuba en compensación por la asistencia técnica que prestan unos 100.000 cubanos presentes en Venezuela, entre médicos, maestros, asesores de toda índole y personal de inteligencia.

Lo que el 12 de febrero comenzó como mera protesta estudiantil contra el Gobierno y en demanda de la liberación de Leopoldo López, líder de Voluntad Popular -quien está acusado de instigar las revueltas y que podría ser condenado a 10 años de cárcel-, se ha convertido en una unión de intereses antigubernamentales a la que se suman ciudadanos de barrios populares, así como industriales, profesionales, pequeños propietarios, etc. Las barricadas o garimbas han hecho aparición en numerosos barrios de las grandes ciudades, en algunos casos como defensa contra encapuchados, motorizados, colectivos y las llamadas unidades de batalla Bolívar-Chávez (en los cuatro casos se trata de grupos de choque civiles y/o o paramilitares y parapoliciales del chavismo que controlan barrios y zonas en las que imponen su ley y tratan de acallar las protestas de los contrarios al oficialismo), así como de defensa contra las intervenciones de la Guardia Nacional Bolivariana, un cuerpo que apenas utilizó Chávez para reprimir a los manifestantes. Todos ellos se han empleado estos días con particular dureza y violencia. Por el momento, son 21 los muertos (entre ellos dos sargentos), más de 650 los heridos y superan la cifra de 2.000 los detenidos en distintos incidentes. Algunos de éstos se dice, sin confirmación, que fueron reprimidos por un grupo de élite del ejército cubano, llamado Avispas Negras, desplazado expresamente y que vestían uniforme venezolano.

La situación podría parecer fuera de control, pero el tiempo juega a favor del gobierno aunque las protestas cada vez se extienden más y abarcan, además de la escasez de productos de primera necesidad, nuevas reivindicaciones contra la subida de precios (que superó el pasado año el 56%, la más alta del mundo), la corrupción (galopante y que se ha instalado también en la milicia), la inseguridad ciudadana (de la que son reflejo los más de 24.000 homicidios del pasado año y el hecho de que la mayoría de la población está armada por el chavismo), el mal estado de las infraestructuras (apenas se ha invertido en obra pública y en vías de comunicación durante el chavismo), la dimisión de Maduro (imposible por vía legal hasta la mitad de su mandato, en 2016, mediante referéndum revocatorio), la manipulación informativa de los canales públicos de radio y televisión y la persecución del ejercicio del periodismo libre.