Canarias cuenta con 3.800 mujeres víctimas potenciales de la ablación

Gambia es uno de los países donde más se practica la ablación. | DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Realizada por motivos culturales o religiosos en buena parte de África y Oriente Medio, la ablación o mutilación genital femenina consiste en la eliminación de tejido de cualquier parte de los genitales de la mujer, una práctica que a pesar de ser común en muchos países deja graves secuelas físicas y psicológicas. De hecho, desde 2005 está penada por la legislación española, que incluso está capacitada para investigar esta práctica aunque se cometa fuera del territorio nacional.

Canarias, por su cercanía y relación con el continente africano, es una de las regiones con más víctimas potenciales de esta forma de agresión hacia la mujer, según el único estudio existente en nuestro país al respecto, elaborado por la Fundación Wassu de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Una de las autoras, Amalia Gómez, explicó a este periódico que en las Islas hay más de 11.000 personas originarias de países donde se practica la mutilación genital femenina, la mayor parte de ellas procedentes de Senegal, Mauritania, Nigeria, Guinea Bissau, Conakry y Ghana. De este colectivo, la fundación estima que en el Archipiélago hay en la actualidad 3.860 víctimas potenciales de ablación, que o bien la han sufrido ya o están en grave riesgo de padecerla.

Entre este amplio grupo de afectadas, siempre según datos de la fundación, al menos un millar son menores de 14 años, siendo Las Palmas de Gran Canaria y Arona los municipios con más niñas en riesgo. “La ablación tiene muchos aspectos relacionados. Se realiza por motivos culturales, que tienen que ver con la tradición, aunque en muchos países del África subsahariana se practica como un rito de paso, que tiene que ver con una construcción étnica y de género”, explicó Amalia Gómez, quien dejó claro que “es básica la prevención y la concienciación de las familias sobre la importancia de la salud de las menores”.

En este sentido, la Fundación Wassu no solo elabora documentos teóricos y de investigación docente, también colabora con un proyecto específico de prevención en Gambia. “Hemos realizado investigaciones que demuestran que muchas mujeres que han sufrido mutilación genital femenina no solo tienen graves secuelas en su salud, también esta práctica les puede repercutir en un futuro parto y al propio bebé, que puede padecer sufrimiento fetal”, recalcó la antropóloga, quien señaló que el proyecto de la Fundación Wassu-UAB surge “como una línea de investigación transnacional y longitudinal en el tiempo, pionera en España, y que se enfoca en el estudio de la mutilación genital femenina en países de origen y destino de migrantes”.

El estudio, financiado por la Agencia Española de Cooperación, se basa en datos poblacionales y establece cifras de potenciales víctimas, que en los casos de países como Gambia o Mauritania superan el 80% del total de la población femenina. “La única forma de saber con certeza el número de mujeres o niñas afectadas sería a través de los registros médicos, algo muy complicado de cuantificar, porque las propias familias protegen y preservan esta práctica, que solo se podría determinar si existe intervención del sistema público de salud”, subrayó la investigadora de la UAB. Al respecto, desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias confirmaron al DIARIO que “los datos existentes hasta el momento indican que esta práctica no suele darse en nuestra comunidad, pero pese a ello los profesionales de pediatría están atentos en las revisiones periódicas de salud del Programa de Salud Infantil, ante la posible existencia de factores de riesgo, tales como pertenecer a etnias que practiquen la ablación, pertenecer a un grupo familiar con el mito del retorno a su país muy presente, la proximidad de un viaje al país de origen o la pertenencia a una familia en que la madre o hermanas la hayan padecido”. “El abordaje de los malos tratos a menores viene establecido en el SCS por la Instrucción 3/03”, destacaron las mismas fuentes, quienes insistieron en que “la mutilación genital femenina abarca todos los procedimientos por los que se agreden o extirpan parcial o totalmente los genitales externos femeninos por motivos culturales, religiosos o por otra razón no médica”.
Es un delito de lesiones, tipificado y sancionado por el Código Penal en los artículos 147, 148, 149 y 150. Puede conllevar hasta 12 años de prisión y hasta 10 de inhabilitación para la patria potestad, con posibilidad de no renovación del permiso de residencia. “En los casos de sospecha se puede considerar como medida cautelar el prohibir la salida de España de la menor”, arguyeron en Sanidad, quienes concluyeron que la instrucción del SCS obliga a la cumplimentación de documentos que al tramitarse abrirán la vía judicial (parte de lesiones) y la administrativa (oficio de notificación).