Los casos por bebés robados en la Isla se archivan por falta de pruebas

Imagen de la reunión (10 de octubre de 2012) en que se acordó crear la oficina centralizada en Madrid. / DA

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

La práctica totalidad de casos presentados por supuestos robos de bebés en la provincia de tenerife han sido archivados por la Fiscalía provincial ante la falta de pruebas y, en general la imposibilidad de investigar las denuncias a este respecto.

Así lo reconoce la abogada tinerfeña especializada en esta temática Natalia Domínguez, quien se muestra comprensiva con esa oleada de archivos. “Resulta lamentable no poder indagar en la veracidad sobre el contenido de estas denuncias, pero con normas como la que limita a cinco años el periodo de custodia de los historiales médicos no hay nada que hacer”, detalla la letrada, que colabora con la organización Plataforma Afectados Clínicas de toda España-Causa Niños Robados, y a la que ha asesorado jurídicamente.

Precisamente fue en una reunión a la que asistió Domínguez en el Ministerio de Justicia cuando el titular, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció la creación de una Oficina de Información que centralizase este tipo de denuncias, sirviera para confrontar datos (crucial en esta casuística) y ofreciera servicios tales como la gratuidad para la primera prueba de ADN.
Ahora, dicha oficina cumple un año desde su apertura en la capital de España y en su balance se demuestra una vez más que el Archipiélago juega un papel clave en esta trama, que cronológicamente se fecha desde los años cuarenta hasta final del XX.

Así, Canarias es la tercera comunidad con más expedientes informativos abiertos (23), tras los 162 de Madrid y los 31 de Cataluña. “Deberían ser muchos más -explica Natalia Domínguez- pero no todas las organizaciones están colaborando con esta oficina, con el perjuicio que ello supone a la hora de facilitar reencuentros, que se supone es el principal objetivo de todos los que de una manera u otra estamos involucrados en el tema”. Cuestionada sobre los motivos que causan esa falta de colaboración, la letrada aludió a varios, entre los que se encuentra cierta desconfianza ante la administración y el hecho de que alguna de las asociaciones más importantes tiene firmados acuerdos con entidades privadas para las pruebas de ADN.

Sobre la actividad llevada a cabo por la oficina madrileña, una nota de prensa destacaba ayer que un total de 476 personas han recurrido a sus servicios para solicitar la documentación registral a disposición de la Administración (expedientes sanitarios, datos registrales, etc) que pueda ayudar a aclarar sus respectivos casos. Según explica Carmen de Troya, directora de este servicio, “la casuística registrada es muy amplia, hemos atendido a personas que sospechan que sus bebés fueron sustraidos o vendidos, otras que dudan de la legalidad de sus adopciones, etc… pero, curiosamente, una gran parte de los que han acudido simplemente querían conocer sus orígenes biológicos, saber quiénes eran sus padres o sus hermanos, nada más”. Ello ha motivado que esta oficina remitiese durante este año un total de 503 oficios a las distintas Administraciones e instituciones públicas para que colaboren con la causa.