D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife
El Parlamento aprobó ayer las 33 proposiciones de resolución conjuntas de los grupos nacionalista (CC-PNC-CCN) y socialista (PSOE) en el debate anual sobre la situación de la Comunidad Autónoma.
La batería de iniciativas se divide en cuatro bloques: política social, crecimiento y empleo, modernización de la Administración pública y de las relaciones bilaterales.
Dentro del último capítulo, la Cámara insta al Gobierno regional a “interesar” al central para que eleve al Congreso “una propuesta de decreto para la convocatoria del referéndum consultivo en el ámbito territorial de Canarias sobre las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de las Islas, conforme al acuerdo adoptado por el Parlamento el 25 de febrero”.
En relación al transporte aéreo, la Cámara reclama “medidas de Estado con Canarias que hagan efectivo el principio de continuidad territorial y, específicamente, impulse los estudios necesarios para garantizarlo, con regularidad, precios adecuados y oferta de plazas suficientes a través de la obligación de servicio público”. Del mismo modo, se hace mención a la cogestión de los aeropuertos del Archipiélago a fin de garantizar el control público y la supervivencia de los recintos menos rentables.
En el marco de la resolución de julio de 2012, el Legislativo reitera su respaldo a las negociaciones en torno a la revisión del Régimen Económico y Fiscal (REF) para el periodo 2014-2020, aunque entrará en vigor el 1 de enero de 2015.
La mejora de la financiación autonómica es otra de las demandas de CC-PSOE avaladas por el Parlamento, que apremia al Ejecutivo canario a concluir los trabajos del proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información.
A propósito de la estabilidad presupuestaria, se requiere el cumplimiento de los objetivos de déficit y del endeudamiento que fije el Ministerio de Hacienda, “como se ha hecho hasta ahora”. Vinculado a ello, incentivos de “promoción económica y gasto social”. Para favorecer la igualdad en las políticas públicas, se anima a incorporar a los presupuestos la “perspectiva de género”.