Desencuentros – Por Leopoldo Fernández

Parece el cuento de nunca acabar. Ni la entrevista entre Rajoy y Rivero, ni la posterior de éste con Soria han resuelto los desencuentros entre Canarias y Madrid o entre Madrid y Canarias, que tanto da a los efectos de este comentario. Se vio en los toma y daca del presidente del ejecutivo central con Pedro Quevedo, durante el debate sobre el estado de la nación, y se ha vuelto a percibir en las declaraciones del ministro tras el acuerdo gubernamental de interponer recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de renovación turística canaria. Incluso en el importantísimo asunto de la revisión del REF, para llegar la correspondiente propuesta a Bruselas, que tiene la última palabra, se ha suscitado una inesperada controversia. De ser ciertas las afirmaciones del secretario general del PP canario, Asier Antona, el gobierno central ha decidido que hasta el 40% de la dotación de la reserva de inversiones pueda destinarse a países de África occidental. Esta concesión ni ha sido solicitada por las autoridades canarias ni en estos momentos parece la más recomendable a la vista de las necesidades existentes en las islas, en especial cara a sus requerimientos de financiación y de creación de puestos de trabajo. Una cosa es flexibilizar la RIC y ajustarla a la experiencia adquirida tras años de funcionamiento -por ejemplo, en situaciones adversas para las empresas, ya que sin beneficios la reserva no tiene sentido- y otra liberalizar o fijar fuera de las islas el destino de las dotaciones no se sabe bien con qué extraño afán. Tiene razón el consejero González Ortiz: ni el parlamento solicitó la medida, ni cabe confundir la internacionalización de las empresas canarias o el fomento de sus exportaciones con la deslocalización o la materialización de la RIC en el extranjero, ya que en tal caso se debilitaría la fortaleza de nuestro tejido empresarial. Por lo que se refiere a la ley turística, lo deseable es que, mientras decide el Tribunal Constitucional, no se cree ningún vacío legal ni se permitan rehabilitaciones o construcciones que no respondan al espíritu de la ley, que pretende el ahorro de suelo turístico y la racionalización en el mundo de las nuevas instalaciones hoteleras. Un mínimo y deseable entendimiento entre los gobiernos central y autonómico debería llevar al compromiso de ambos en favor de un sector clave y de un segmento, el de establecimientos de cuatro estrellas, que demanda, sobre todo en Gran Canaria, una consideración especial en función de sus necesidades objetivas y de las correspondientes reivindicaciones empresariales. Dos no riñen si uno no quiere, así que con una dosis de buena seguramente podrían superarse unos desencuentros perjudiciales para todos.