En 2013, 10 medidas y 58 propuestas de resolución

D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife

Del debate sobre la situación de la región salieron el año pasado el anuncio de diez medidas del Gobierno y 58 propuestas de resolución.

Al inicio de su intervención, Paulino Rivero desglosó un rosario de iniciativas para “amortiguar el impacto de la crisis en el ámbito social”, además de “promover el crecimiento económico y la generación de empleo”. El presidente expuso que el Ejecutivo reforzaría su “compromiso de impulsar desde lo local cuantas acciones sean necesarias para garantizar la cohesión”.

El decálogo se dividía en dos tablas: un capítulo estaba dedicado a los aspectos sociales y el otro era de carácter estrictamente económico.

El primer bloque abarcaba desde el plan de empleo social en colaboración con los ayuntamientos -ya se está diseñando otro- hasta un plan de choque sobre las listas de espera sanitarias, mediante la contratación de profesionales para el turno de la tarde.

La apertura de colegios públicos para el uso de los comedores por parte de familias en dificultades, así como para actividades complementarias (idiomas o deporte), fue una idea que, en líneas generales, se aplicó con éxito. No ocurre lo mismo con la política de vivienda. El proyecto de ley antidesahucios prosigue su tramitación, a pesar de las serias dudas acerca de la constitucionalidad de los preceptos inspirados en la normativa promovida por la Junta de Andalucía, que ha sido recurrida ante el alto tribunal.

El segundo segmento abarcaba la diversificación de los mercados turísticos, las obras de infraestructuras en colaboración con el sector privado, los créditos, la estrategia de inversiones y la articulación de mecanismos para combatir el fraude fiscal y laboral.

En la última jornada de la sesión plenaria, el Parlamento aprobó 27 resoluciones de políticas sociales; 21, vinculadas al empleo y al crecimiento económico, y 10 relacionadas con las relaciones bilaterales entre las administraciones autonómica y nacional, con una mención destacada al “injusto” sistema de financiación.