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La excúpula de Batasuna pide a la Audiencia Nacional que vacíe las cárceles

   

EUROPA PRESS | Madrid

El exdirigente de HB Floren Aoiz se ha dirigido al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a 32 miembros de Batasuna por la financiación de ETA a través de las herriko tabernas para asegurar que “no es tiempo para llenar las cárceles sino de buscar el modo de vaciarlas”.

Aoiz ha hecho uso de su derecho a la última palabra en representación de todos los acusados, en la última jornada del juicio, que ha quedado visto para sentencia después de cinco meses. Ha recordado que a ninguno de los acusados se les imputa la comisión de actos violentos y que todos ellos se han sentado en el banquillo en aplicación de la teoría de que “todo es ETA”.

“No hay tramas ni entramados, aquí sólo hay hombres y mujeres que queremos vivir en paz”, ha agregado, además de recordar al tribunal que su decisión podría contribuir “a la solución del conflicto”. Las acusaciones intentan “dinamitar estas expectativas proponiendo encarcelarnos”. Aoiz ha realizado, en nombre de la excúpula de Batasuna, un llamamiento a los poderes públicos a “contribuir a la solución” y ha pedido la total absolución de todos los acusados.

Un total de 32 miembros de Batasuna se han sentado desde el pasado 17 de octubre el banquillo ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, acusados de participar en la financiación de la banda terrorista ETA a través de más de un centenar de herriko tabernas.

Cinco de ellos Joseba Álvarez, Joseba Permarch, Rufino Etxeberria, Juan Cruz Aldasoro y Karmelo Landa, se enfrentan a una petición fiscal de cuatro años y medio de prisión después de que la Fiscalía rebajara su petición inicial de 12 años de cárcel. El Ministerio Público pide para el resto dos años y dos meses.

La causa se sigue, además, contra un centenar de ‘herriko tabernas’ declaradas responsables civiles subsidiarias. La vista oral dio comienzo más de 11 años después del inicio de la investigación, desarrollada tras la detención, en abril de 2002, de una decena de personas acusadas de impulsar un plan de financiación ideado por ETA a través de los locales.

Aoiz, ha pedido que se ponga fin a los juicios políticos, y ha recordado que “las causas políticas no deben resolverse en los tribunales de justicia”. “Defender la independencia de Euskal Herria y apostar por una transformación social es simplemente nuestro derecho y nadie puede pretender arrebatárnoslo”, ha dicho.

“Es el pueblo, en este caso el pueblo vasco el que deberá enjuiciar nuestras ideas” y valorar “la trayectoria histórica de esta corriente política”, ha agregado. “La sociedad vasca ya ha juzgado a la izquierda abertzale otorgándole el mayor protagonismo político y la mayor representación institucional de su historia”, ha añadido.

EL ESTADO, INVITADO A SER PARTE

Aoiz ha destacado el compromiso de la antigua Batasuna con “una nueva etapa de soluciones” y ha criticado “la intransigencia y cerrazón, cuando no involución, de otros agentes”. Así ha asegurado que el Estado “ha sido invitado una y otra vez a ser parte de la solución”.

Ha acusado a la Fiscalía y acusaciones de negarse a contribuir “al nuevo tiempo” y de pretender convertir el juicio en escenario donde “alardear de su inmovilismo y revanchismo” para así “ganar en los tribunales batallas perdidas en el plano político”.

“Estamos en un nuevo tiempo político que ha llegado con el compromiso de miles de personas, entre ellas las que están aquí sentadas en este juicio”, ha asegurado y ha recordado que el recurso a la violencia ha sido “definitivamente desterrado de la contienda política”.

“Hay que afrontar el conflicto político de fondo y cerrar la etapa de confrontación violenta por eso, no contemplamos otro escenario que el rechazo de las pretensiones de las acusaciones”, ha defendido.

SIN OTEGI

El macrojuicio, que ha durado casi cinco meses, se ha celebrado en la sede de la Audiencia Nacional situada en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Entre los acusados no figura el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi. Tanto él como José Luis Elkoro, Joseba Mikel Garmendia e Imanol Cortazar sortearon la acusación después de que la Sala estimara la excepción de cosa juzgada en los cuatro casos.

Otegi fue condenado por la Audiencia Nacional a 10 años de prisión por pertenencia a organización terrorista en el conocido como ‘caso Bateragune’, proyecto destinado a la reconstrucción de la ilegalizada Batasuna. El Supremo redujo su pena a seis años y medio de cárcel.

CONCLUSIÓN DE SUMARIO EN 2008

El juez Garzón concluyó el sumario 35/02 el 1 de abril de 2008, tras seis años de investigación que buscaban desentrañar los medios de financiación de Batasuna. El juicio comenzó cinco años después.

El magistrado ahora suspendido justificó el procesamiento de todos los dirigentes de la formación en la tesis de que Batasuna no sólo forma parte de la organización terrorista ETA como brazo político, “sino como una estructura más del complejo político-violento diseñado para conseguir una finalidad concreta a través de la subversión y la alteración de la paz pública, la autodeterminación de la denominada ‘Euskal Herria’”.