El Gobierno reitera que no negociará con Cataluña una consulta soberanista

EUROPA PRESS | Barcelona

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió ayer a la Generalitat de que el Ejecutivo central no dialogará sobre una consulta de autodeterminación en Cataluña porque “no puede tomar decisiones sobre aquello de lo que no dispone”, en alusión a la soberanía.

En su intervención durante la clausura de un acto en Barcelona sobre las elecciones europeas junto a la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y ante unas 400 personas, subrayó que el Gobierno de Mariano Rajoy no puede autorizar un referéndum: “No podemos autorizar lo que no depende de nosotros, ni permitir que alguien decida o declare unilateralmente lo que a todos nos afecta”.

Santamaría defendió que no hay nada que legitime la pretensión de celebrar una consulta porque es una opción que está fuera de la ley y, por tanto, de la democracia: “Eso significa que no puede haber referéndum para la independencia y que no lo habrá con este gobierno”. Descartó también que la Generalitat pueda llevar a cabo la consulta por su cuenta y sin acuerdo con el Ejecutivo central mediante la ley de consultas en la que trabaja el Parlament, ya que “la soberanía nacional no acepta la metonimia, no puede decidir la parte por el todo”.

“Somos todos los que decidimos qué es y qué no es España”, según Santamaría, que subrayó que dos gobiernos no pueden llegar a acuerdos sobre lo que no depende de ellos, y que el Gobierno de Mariano Rajoy sí está dispuesto a dialogar con la Generalitat sobre otros aspectos que encajen en la Constitución. “En política, dialogar es un verbo que solo se puede conjugar dentro de la ley”, matizó la vicepresidenta, una tesis a la que se ha sumado también Alicia Sánchez-Camacho, que apuntó la posibilidad de dialogar sobre el modelo de financiación autonómica, las infraestructuras, el Estado del Bienestar y la lucha contra el desempleo.

Camacho acusó al presidente de la Generalitat, Artur Mas, de no respetar las reglas del juego, y a CiU de tratar de reinterpretar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Declaración de Soberanía sosteniendo que legitima la consulta.