H2O – Por Francisco Pomares

La decisión del alcalde Cardona de intervenir Emalsa, más allá de su evidente rentabilidad política, supone de hecho una revisión de las condiciones de la adjudicación del año 92. No es la primera vez que desde una corporación local canaria se plantea la necesidad de intervenir en relación con concesiones administrativas sobre el servicio del agua. Ya ocurrió en Lanzarote, donde la concesión del servicio acabó con la quiebra práctica del mismo, fue un amago en Santa Cruz de Tenerife, donde de la inversión de 45 millones en mejora de la red de saneamiento y distribución, prometida por la nueva concesionaria, no se ha gastado ni un euro. Debería ser algo más que un amago en Puerto de la Cruz, donde el ayuntamiento prefiere endosar la solución de los problemas al Cabildo y sus fondos de cooperación municipal. Largo lo fían, porque antes del 2016 no podrían concluir las obras que resuelvan el problema de deposito y filtrado. Es curiosa esta sorprendente coincidencia de resultados penosos o cuando menos deficientes en la mayoría de los servicios municipales de aguas. Desde que se produjo la privatización del servicio, entre promesas de mayor eficiencia y sospechas de compra de voluntades, lo cierto es que sólo se ha ido para atrás. Muchas de las concesiones, después de una década de drenaje de recursos en la amortización del canon o en dirección a las empresas matrices, no han gastado ni un duro en la mejora de sus instalaciones y la modernización de los servicios. Demasiado tiempo. En ese contexto, la propuesta del socialista José Antonio Balbuena, consejero del Cabildo tinerfeño, planteando la conveniencia de que el agua de la isla pase a ser de titularidad pública, supone algo más que una ocurrencia. En Tenerife, el agua de pozos y galerías es mayoritariamente de titularidad privada, y sus dueños influyen sin complejos en los precios. El primer gobierno de Saavedra intentó en 1983 modificar esa situación con una ley de Aguas que provocó la reacción de los propietarios y del sector agrario, contra un proyecto calificado de expropiatorio. Miles de personas se manifestaron contra la ley, y hasta algún diputado fue agredido a paraguazos a las puertas del Parlamento de Canarias por aguatenientes exaltados. La ley de Aguas se llevó por delante el Gobierno de Saavedra y el asunto de la titularidad pública del agua cayó en el olvido. Han tenido que pasar más de 30 años desde entonces para que un político tinerfeño lo resucite…