Licitan la ayuda a domicilio bajo la amenaza de perder la competencia

Alicia Álvarez, José Manuel Bermúdez y Fran Baute, ayer en rueda de prensa en Santa Cruz. / DA

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

“No estamos para quedar bien, sino para hacer las cosas bien”. Así justificaba ayer el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, el retraso en sacar a licitación pública el contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio de Santa Cruz, que lleva en manos de empresas privadas desde hace dos años tras la quiebra del anterior concesionario, la cooperativa Mararía. Ayer se presentó públicamente el pliego de condiciones del concurso que será tramitado por la vía de urgencia para que pueda adjudicarse en el mes de julio. Un servicio sobre el que, como reconoció el alcalde, puede que pierdan la competencia, tal y como recoge la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local: “Nosotros hemos cumplido sacando adelante este contrato e incluso cuando el Estado puede decirnos mañana mismo que no es competencia nuestra. Si pasa, ya veremos como lo solucionamos, pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados”.

La concejal de Asuntos Sociales, Alicia Álvarez, añadió: “El Estado nos quita la competencia a todos los ayuntamientos de España y por esta reforma es por lo que hemos tardado tanto, buscando la forma de que los informes de intervención y de la secretaría no nos fueran negativos”. Este es el principal motivo, explicó Álvarez, para que la concesión sea por un año y medio y no por 10 como pretendía Asuntos Sociales. Un concurso que cuenta con un presupuesto global superior a los seis millones de euros y que en el primer año supondrá un gasto superior a los cuatro millones para atender al millar de usuarios que tienen concedida esta ayuda. La concejal de Asuntos Sociales añadió que este aumento en el presupuesto permitirá también aumentar el número de usuarios, “al menos hasta los 1.200”, dando salida así a las nuevas incorporaciones, hasta ahora paralizadas por la situación del servicio.

Cooperativa

La pelea de las extrabajadoras de Mararía ha ido en paralelo a este proceso para sacar adelante el concurso público. Tras varios acuerdos plenarios en los que el Ayuntamiento se comprometió a incorporarlas al nuevo servicio, este pliego “facilita” la contratación de las 121 trabajadoras que aún esperan por un empleo de las 180 afectadas inicialmente.
El representante de UGT, Fran Baute, defendió que no se ha engañado a nadie: “Nunca dijimos que se contrataría al 100% pero sí que haríamos todo lo posible para incorporar al mayor número y baremando con el 40% que se contrate personal con tres años de experiencia, llegamos a la gran parte de ellas”.