El presupuesto para ayudas de emergencia sube en 2014 el 10%

La responsable de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de San Miguel, Nuria Marrero. / DA

NICOLÁS DORTA | Arona

El presupuesto de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de San Miguel, en materia de emergencia social, se incrementará previsiblemente en un 10% con respecto al año pasado, lo que evidencia, según la concejal del área, Nuria Marrero, que su “intención es seguir priorizando en políticas sociales”. La edil explica que el Ayuntamiento tiene previsto hacer un enorme esfuerzo para mantener, en las mismas cantidades que en 2013, los convenios con Cruz Roja tanto el relacionado con el transporte de personas mayores con discapacidad, cobertura y apoyo en diferentes servicios, como el de teleasistencia, que consiste en dar una respuesta inmediata en el domicilio a los mayores, y ante cualquier urgencia, con solo pulsar un botón.

Marrero recuerda que este servicio, vital para muchos mayores, se ofrece de forma totalmente gratuita, pues el Ayuntamiento asume la total cuantía del mismo, que asciende a unos 9.000 euros al año y actualmente son beneficiarios unos 30 usuarios de San Miguel. Asimismo, y pese a la actual situación económica, continuarán los convenios con Amisur, Hermanos de la Cruz Blanca y Prominsur, “puesto que la labor de todos ellos con personas con discapacidad es encomiable”. Además, “firmaremos un nuevo convenio social con la comarca sur relacionado con las drogodependencias en el que se invertirán más de 2.300 euros”, destaca Marrero.

Sobre la inmediata puesta en marcha de la nueva Ley de Bases de Régimen Local o de Racionalización y Sostenibilidad, a la que muchos ayuntamientos se han opuesto, pues tendrá una repercusión directa en los servicios municipales más pequeños, la concejal asegura: “Mientras nos lo permitan, seguiremos prestando los servicios, como el de ayuda a domicilio”, que funciona “de forma muy satisfactoria”, matiza, ya que “no tenemos lista de espera y damos servicio a 106 usuarios en la actualidad, de forma también completamente gratuita para ellos”.

Como recordó Marrero, este servicio consiste sobre todo en el desempleo de labores domésticas y de aseo para facilitar la permanencia y autonomía en sus propias casas, evitando situaciones de desarraigo y desintegración social”. Sobre esta ley, la concejal denuncia que “es inconcebible” que se ponga fecha de caducidad a los servicios sociales municipales, “puesto que hablan del 31 de diciembre de 2015 como límite para que se haya producido el traslado de la titularidad a la comunidades autónomas de las tareas que ejercían los municipios”. Para Marrero: “Con esta reforma promovida por el Gobierno del Estado, corremos el peligro de que se pierda la capacidad de diálogo y proximidad que ahora tenemos con nuestra gente”. “Estoy segura de que quion la redactó no tenía ni idea de cómo funcionan unos servicios sociales municipales”, ya que “lo que en realidad plantea es un desmantelamiento del sistema público municipal con la consecuente conflictividad jurídica que ya se está produciendo”, dice Marrero. La edil ha asumido personalmente la defensa de los servicios municipales frente al desembarco de esta nueva normativa y ha iniciado los procedimientos requeridos por el Estado como, por ejemplo, en el caso de la Escuela Infantil, “solicitar los informes vinculantes sobre la no duplicidad de servicio y la sostenibilidad financiera a los organismos competentes”, concluye.