Santa Cruz pide una prórroga a Costas para las obras de El Cercado

El edificio de aparcamientos o una obra similar es la que permite solucionar el cauce en altura. | S. MÉNDEZ

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Las obras para el encauzamiento del barranco de El Cercado tenían que haber comenzado en los tres meses siguientes a la concesión administrativa concedida por la Dirección General de Costas para ocupación del dominio público, es decir, antes del 28 de febrero del año pasado, y debían estar terminadas en un tiempo total de ocho meses. Un comienzo que no se ha producido, entre otras cosas, por la situación legal en la que se encuentra el edificio de aparcamientos que se alza a la entrada de la playa de Las Teresitas (conocido como mamotreto), y cuya estructura o una obra similar sustenta el proyecto que ha autorizado Costas.

En vista de que no se iban a cumplir los plazos, el Ayuntamiento ha solicitado al Estado una prórroga sobre el tiempo de inicio y finalización de las obras estimado por Costas. “Ya hemos solicitado la prórroga para aumentar esos meses y confiamos en que nos la concedan dada la envergadura de la obra, con una financiación importante y un proyecto que tenemos que tramitar y poner en conocimiento de las administraciones implicadas”. Así lo explicaba el concejal de Obras y Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, tras la última comisión de control municipal en la que se entregó el documento en el que Costas otorga la concesión administrativa al Ayuntamiento para que ocupe 2.829 metros cuadrados de dominio público. Arteaga fue claro al establecer que bajo ningún concepto se está cuestionando la legalidad en torno a si se debe o no tirar el mamotreto: “Los parámetros en los que Costas nos ha dado la concesión no se pueden estar discutiendo a estas alturas. Otra cosa es que se derribe o no. Si el edificio no está, nos obligaría a incrementar el precio de lo que tenemos sobre la mesa, que son unos cinco millones, además de construir un talud para ajustarnos a las condiciones de la concesión”.

En cuanto a la realización del proyecto y la forma en que se va a llevar a cabo, el propio documento de la concesión establece que Costas “podrá inspeccionar en todo momento la ejecución de las obras, para comprobar si las mismas se ajustan al proyecto en base al cual se ha otorgado la concesión”. En el apartado referente a la revocación del permiso se vuelve a especificar que “cuando, sin intervención de la Administración, varíen los supuestos físicos sobre los que se otorgó la concesión, la Administración podrá modificar o declarar resuelta la misma en función de las variaciones ocurridas y normativa aplicable, sin que el concesionario tenga derecho a indemnización alguna”. En cuanto al plazo por el que se concede la autorización al Ayuntamiento, este es de 15 años. En el tercer punto de las disposiciones generales se establece que las obras se realizarán “con arreglo al proyecto suscrito por facultativo competente”.

La siguiente disposición deja claro que la concesión “no implica la asunción de responsabilidades por el Ministerio de Medio Ambiente en relación con el proyecto y la ejecución y explotación de las obras e instalaciones tanto respecto a terceros como al concesionario”. También advierte de que la autorización “no exime a su titular de la obtención de licencias y otras autorizaciones legalmente procedentes”.