Los Servicios Sociales copan las quejas al Diputado del Común

Jerónimo Saavedra (i), junto al presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobez. | DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

“Falta de decisión”. “Problemas de coordinación entre las administraciones”. “Pérdidas millonarias de recursos públicos”. Con afirmaciones así definió el diputado del común, Jerónimo Saavedra, la gestión del Ejecutivo regional en materia de dependencia, cuestión que copó la mayor parte de las quejas que recibió la institución durante 2013.

Tras entregar su informe anual al presidente del Parlamento autonómico, Saavedra explicó las líneas generales del documento, que revela un crecimiento del 3% en las denuncias de los ciudadanos, un total de 1.604. Casi un tercio de ellas estuvieron relacionadas con los servicios sociales, lo que según el diputado del común transmite una “imagen real” de los problemas, debido al impacto de la crisis. Además, las quejas siguen creciendo por encima de la media anual desde que se creó esta institución en 1985.

Jerónimo Saavedra confirmó que, dada la “gravedad” de algunos de los casos denunciados en el ámbito de la dependencia, hace semanas envió a la Consejería de Políticas Sociales un informe específico sobre su aplicación en Canarias, donde reconoció que ha habido una “falta de decisión” del Gobierno regional para adaptar el sistema de dependencia del Archipiélago al nacional. Saavedra confió en que este informe extraordinario se vea en comisión “cuanto antes” y detalló que en el documento se dedican más de 50 páginas a analizar este problema, que según él “no es exclusivo del actual Gobierno, sino de los que lo han precedido en relación con las competencias” en asuntos relacionados con las personas mayores. No en vano, explicó que antes de que apareciera el concepto de dependencia se manejaba el de “residencia de ancianos” y no se hablaba de que también había niños dependientes, y estas competencias recayeron especialmente en los cabildos, de tal manera que a mitad de esa década estas corporaciones, los ayuntamientos y el Gobierno atendían problemas similares “sin coordinarse”.

Por ello, opinó que el Gobierno y los diputados tienen que establecer un criterio de mayor eficiencia “pues no es solo de cuánto dinero disponemos, sino de racionalización y de mejorar la gestión”. “No es posible tener a personas que fallecen esperando que le den el programa individual de asistencia”, criticó el diputado del común, quien advirtió además que la ayuda a domicilio y la teleasistencia siguen estando fuera del sistema de dependencia “con lo cual no se recibe ni un euro” por esto.

Saavedra recordó asimismo que también hubo un amplio número de quejas referentes a la Prestación Canaria de Inserción, muchas de ellas “vivas” desde 2008. De igual modo, tras los servicios sociales el mayor número de denuncias recibidas por la entidad se refieren a la Administración de Justicia, y en concreto a la tardanza en la tramitación de los asuntos judiciales y a los problemas de acceso a la justicia gratuita. Al respecto, aseguró que se ha abierto una “queja de oficio” para saber los motivos por los que los tres colegios de abogados y el de procuradores han creado una lista de espera de hasta nueve meses para citar a los ciudadanos que han solicitado un abogado de oficio.