Sueldos – Por Francisco Pomares

El Constitucional ha avalado la decisión de las Cortes de Castilla-La Mancha (a instancias del Gobierno de la señora Cospedal) de suprimir el salario a 42 de los 49 parlamentarios regionales. El tribunal considera que la modificación del reglamento de la Cámara para que no cobre un sueldo la mayoría de sus señorías no supone necesariamente una limitación al núcleo esencial del derecho a acceder en igualdad de condiciones a cargos públicos, derecho amparado por la Constitución del 78 en su artículo 23. La sentencia ha reabierto el debate sobre la retribución a los cargos públicos electivos, provocando curiosas reacciones, algunas de ellas muy contradictorias. En Canarias, por ejemplo, la portavoz del grupo popular, María Australia Navarro, apoya la decisión de Castilla-La Mancha, pero es contraria a la medida de suprimir los sueldos a los diputados, porque la insularidad impediría compatibilizar el ejercicio de la actividad parlamentaria con un trabajo. Lo cierto es que algunos diputados regionales de su propio partido compatibilizan perfectamente el ejercicio de su actividad profesional y la parlamentaria, sin necesidad de cobrar un sueldo. El argumento de doña María Australia no parece que se sostenga mucho, pero tampoco se trata de hacer sangre: sin duda, lo fácil aquí es sumarse a quienes creen que los políticos no deben cobrar por su trabajo. Y yo no comparto esa idea. Desde el movimiento cartista de 1838, la reivindicación de que los diputados cobren un salario es una aspiración de las clases trabajadoras. Manuel Fajardo, portavoz del PSOE en Teobaldo Power, ha insistido en la idea de que si se quita el salario a los diputados, sólo se dedicarán a la política los ricos. Eso es -en esencia- absolutamente cierto. Lo que ocurre es que en los últimos años se ha producido la confluencia de varios fenómenos que hacen que la mayoría de la población mire con simpatía las medidas restrictivas. A la crisis económica, al engolfamiento y desprestigio político, se suma también la generalización de las retribuciones, que ha convirtiendo la política en una carrera. Y también el exceso insensato en las retribuciones y compensaciones: el expresidente francés Nicolás Sarkozy lo deja claro en una conversación filtrada estos días en la prensa de París, cuando le dice a Carla Bruni que cuando estás en política ya no hay que pagar nada. Esa es la cuestión oculta tras este debate. El rechazo ciudadano no es sólo por los sueldos, sino por las canonjías que premian el ejercicio de la política, que y convierten a los políticos en una casta privilegiada. Eso es lo que hay que corregir, y también la generalización innecesaria de las retribuciones.