Los ciudadanos se quedarán sin derecho a proponer nuevos BIC

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La Coordinadora Popular Ecologista cree injustificado que la Consejería de Cultura del Gobierno canario haya ordenado el trámite de urgencia para esta modificación legal. | DA

El Gobierno de Canarias tramita una nueva Ley de Patrimonio Histórico que, entre otras novedades, suprime la posibilidad de que los expedientes para declarar bienes de interés cultural (BIC) se abran a petición de los ciudadanos, que, en cambio, sí tendrán este derecho pero solo para bienes que merezcan un menor nivel de protección, que se incluirán en unas Cartas Insulares de nueva creación.

Esta medida, contenida en el anteproyecto de ley que salió a información pública en febrero pasado y durante solo diez días, ha causado gran malestar en colectivos como la Coordinadora Popular Ecologista de El Rincón, que presentó alegaciones en contra y ha iniciado una recogida de firmas en Internet a través de Change.org,que cuenta ya con más de 500 apoyos. Este movimiento ciudadano, que en 1992 logró reunir más de 33.000 firmas para proteger el espacio costero de La Orotava que le da nombre -mediante una ley de iniciativa ciudadana- no duda en tachar de “escandaloso” que el artículo 19 del anteproyecto de ley “pretenda eliminar la posiblidad de que la ciudadanía inicie los procedimientos que protejan los bienes que por su importancia histórica, cultural, artística, etc., deberían conseguir el mayor nivel de protección que la legislación les puede otorgar”.

La normativa vigente establece que los cabildos incoarán los expedientes “de oficio o a instancia de parte”, opción que se esfuma del nuevo articulado propuesto por la Consejería de Cultura del Gobierno canario. “Si este cambio saliera adelante, Canarias sería la única Comunidad Autónoma que no contemplase la iniciativa ciudadana en esa modalidad de protección del patrimonio histórico”, subraya la Coordinadora de El Rincón.

Para este grupo ecologista, con sede en La Orotava, este paso atrás “se contradice con la reiterada reclamación del Gobierno canario de una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en los asuntos que son determinantes para su presente y futuro, aunque parece limitar el llamamiento al problema de las prospecciones petrolíferas, cuando tan importante es escuchar la voz de la ciudadanía a propósito de los sondeos de petróleo como en la protección de nuestro patrimonio histórico, cultural y artístico, que es determinante para nuestro presente y futuro, fundamental para la educación de los jóvenes e imprescindible para conocer nuestro entorno, para saber de dónde venimos y para ayudarnos a decidir hacia dónde queremos ir”.

Pero es más, la Coordinadora considera “sonrojante” que el Gobierno regional ignore la propia Ley Canaria de Fomento de la Participación Ciudadana, cuya exposición de motivos reza que “pretende situar a Canarias a la vanguardia” de estas políticas, y cuyo artículo 4 obliga a los poderes públicos del Archipiélago a “adoptar todas las medidas que posibiliten” la participación de los ciudadanos “en el diseño de las actuaciones de la Administración Pública”.

El anteproyecto de ley se está tramitando por vía urgente, algo que los ecologistas juzgan injustificado, si bien en este sentido cabe recordar que en septiembre del pasado año el Parlamento canario aprobó por unanimidad una proposición no de ley promovida por el PP mediante la que se instó al Ejecutivo autonómico a agilizar los trámites para presentar en la Cámara una nueva Ley de Patrimonio Histórico o, en su caso, una modificación de la actual.